Así lo indicaron este lunes las tres patronales del sector después de que el ICO hiciese énfasis en dicha prohibición, y en que no se utilicen los fondos para reestructurar deudas previas o para amortizar viejos créditos.

La línea de avales aprobada por el Gobierno es por 100.000 millones, si bien se ha puesto en marcha con 20.000 millones iniciales.

Esta medida tiene por objetivo “preservar los niveles de circulante y liquidez de empresas y autónomos” y se une a otras que la banca ya estaba llevando a cabo “de manera voluntaria para ayudar a la economía real a hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada del Covid-19”, indicaron la AEB, CECA y Unacc.