La línea de avales tiene una utilidad tasada y que es la de “inyectar liquidez y atender la necesidad de circulante de los autónomos y de las empresas para atender, por ejemplo, el pago de salarios, alquileres de locales y negocios o facturas de proveedores y suministros que tengan pendientes”, explicó.

A tal efecto el convenio suscrito por el ICO con las entidades financieras establece tres condiciones: que mejoren la financiación al cliente, que su destino sea cubrir circulante y el banco no aproveche su contratación para querer imponer o vincular otros productos o servicios.

El presidente del ICO detalló que la entidad podrá trasladar las ventajas del aval a autónomos y empresas, por ejemplo, rebajando el tipo de interés del crédito para el que se utilicen los avales, concediéndole un mayor importe en el préstamo o en la renovación de su línea de circulante, otorgándole un plazo superior para su devolución o estableciendo un periodo de carencia del principal.

En cuando a su destino García de Quevedo explicó que el destino es para financiar circulante. “Es decir, la línea de avales de Estado no se puede dedicar ni a refinanciar préstamos antiguos ni a amortizar deuda preexistente por parte de las empresas y los autónomos”.

El Gobierno aprobó una línea de avales del ICO por valor de 100.000 millones de euros para ayudar a empresas y autónomos a lograr liquidez y evitar dificultades por tensiones de circulante con la parálisis de la actividad por las medidas de confinamiento frente al Covid-19.

La línea ha arrancado formalmente hoy con la puesta en el mercado de un primer tramo de 20.000 millones, aunque garantiza operaciones con efectos retroactivos desde el pasado 18 de marzo. El 50% se reserva para garantizar préstamos de autónomos y pymes.

Con esta línea el ICO avalará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidos por entidades financieras para atender dichas necesidades financieras (pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez) e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. No incluye, por tanto, ni las refinanciaciones ni amortización anticipada de deudas preexistentes.

El aval cubrirá al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.

Fuentes financieras consultadas por Servimedia en varios bancos indicaron que la contratación está siendo tan intensa que prevén que se agote el primer tramo de los 20.000 millones en pocos días, lo que obligaría al Gobierno a poner a disposición una nueva cuantía.