En un comunicado, el Cermi emplazó a los órganos oficiales de bioética de las comunidades autónomas a seguir la estela del Comité de Bioética de España que ya se pronunció en dictamen oficial hace dos semanas sobre la no admisibilidad jurídica y ética de aplicar criterios de atención clínica que no respeten los mandatos fundamentales de no discriminación por discapacidad. Por analogía, esta interpretación es extensible a la edad, indicó.

En la misma línea se pronunciaron también el Defensor del Pueblo de España, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Relatora de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

A juicio del Cermi, los comités autonómicos de bioética han de secundar en su ámbito estas tomas de posición de derechos humanos, con "dictámenes urgentes y expresos que dejen claro el marco ético y jurídico de actuación en esta situación de gravísima crisis de salud pública".

EL movimiento asociativo les pidió que proporcionen a los pacientes con discapacidad o edad avanzada garantías de "un trato adecuado y respetuoso con los derechos humanos", así como seguridad sobre "el igual valor de toda vida, sin apreciaciones personales sesgadas o prejuiciosas acerca de determinados grupos sociales".