El juez Manuel García Castellón les había impuesto sendas fianzas de 30.000 y 15.000 euros a cada uno de ellos para dejarles en libertad. Las suyas eran las fianzas de mayor cuantía impuestas a los siete investigados que fueron detenidos en septiembre pasado en relación con los supuestos intentos de sabotaje organizado tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a nueve dirigentes independentistas por el 'procés'.

El juez les imputa delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y fabricación y tenencia de explosivos. Supuestamente, ambos formaban parte de los Equipo de Resistencia Táctica (ERT), integrados en los CDR.

La Sala entiende que tienen un grado de implicación “similar” en los hechos que se les atribuyen y señala que atendiendo al “principio de igualdad de trato” la fianza se deber rebajar a 10.000 euros, la cuantía que se le impuso a otro de los detenidos, Alexis Codina, que también formaba parte del “núcleo productor de explosivos”.

Ros y Tomás deberán seguir cumpliendo las medidas cautelares que se les impuso: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado más cercano a su domicilio.