El objetivo del documento difundido este martes es la coordinación de los riesgos laborales, así como promover la máxima operatividad de las estructuras y medios existentes mediante la descripción de las actuaciones concretas de los diferentes responsables ante las situaciones de riesgo o de contagio de la enfermedad que puedan ocasionarse con la propagación del virus.

Todo estará centralizado en una Unidad especializada para la Coordinación de Riesgos Laborales (UCRL) que presta el asesoramiento y apoyo necesario a los directivos o responsables de cada unidad elaborando informes, propuestas y recomendaciones sometidas siempre a las directrices de las autoridades sanitarias.

Este órgano realiza el seguimiento y la evaluación técnica (no sanitaria) de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores y propone las prioridades en la adopción de las medidas preventivas, así como asesora y colabora en la coordinación de actividades empresariales de otros trabajadores que presten sus servicios en los centros de trabajo de la Administración de Justicia.

Es este mismo órgano el que se encargará de actualizar y distribuir la documentación relacionada con la pandemia Covid-19, así como los documentos externos oficiales de las autoridades sanitarias y la normativa que resulte de aplicación en materia preventiva.

Será, por tanto, esa unidad de coordinación la destinataria final de toda la documentación principal que se genere en relación con el seguimiento preventivo de esta pandemia con fines clasificatorios y homogeneizadores de las medidas adoptadas y a adoptar. Y tiene también como cometido último el asesoramiento a las Gerencias Territoriales, con carácter preventivo, sobre las dudas que se puedan plantear en relación con la adopción de medidas de protección tanto colectiva como individual, de organización del trabajo y sobre el entorno físico del trabajo.

Ante cualquier caso positivo o de aislamiento, la Gerencia Territorial o el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma tiene que remitir a la UCRL, a la mayor brevedad, la información del afectado y del superior jerárquico, así como de las medidas a adoptar en prevención de otros contagios.

Las gerencias territoriales han de colaborar en las Comisiones Judiciales de Seguimiento Covid-19 de los Tribunales Superiores de Justicia y tienen encomendadas, entre otras funciones, la de prestar la ayuda y los medios necesarios a los responsables de los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia.

“El protocolo recoge, en definitiva, todas las instrucciones que habrán de aplicarse en un procedimiento que está medido al milímetro para tratar de minimizar el impacto de la propagación del virus en los servicios esenciales que ahora mismo se están prestando, pero sirve también a futuro para marcar pautas de comportamiento ante una pandemia de resultados imprevisibles aún en el tiempo”, explica Borja Vargues.

La idea es que exista en los centros de trabajo todo un mecanismo escalonado para la prevención de riesgos y, sobre todo, para la detección de incidencias que permita ofrecer una respuesta inmediata a los casos que se puedan dar de positivos o de indicación de aislamiento.

Para ello, en las gerencias se designará a una persona que coordine y controle las actuaciones, en conexión permanente con la unidad centralizada. Y los fiscales jefes, secretarios de gobierno, secretarios coordinadores y directores de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses tendrán que comunicarlo a las gerencias para que estas a su vez den traslado a la UCRL.

Tanto desde las Gerencias como, en su ámbito, los fiscales jefes y demás responsables de unidades se deciden cuestiones básicas como, por ejemplo, dar las instrucciones precisas a las empresas de limpieza para intensificar las medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo y zonas de uso común.