Así lo adelanta este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus ‘Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales’, en las que señala que en el conjunto de 2019 las Administraciones Públicas presentaron una necesidad de financiación de 33.223 millones (2,7% del PIB), frente a los 30.495 millones (2,5% del PIB) de 2018.

De esta forma, el Ejecutivo no logró reducir el déficit público hasta el 2% que se había propuesto y que incluyó en el plan presupuestario de 2020 remitido a la Comisión Europea en octubre del pasado año, en el que sobre esa base preveía reducir el déficit en el presente ejercicio al 1,7%.

El dato adelantado hoy por el INE pone en cuestión la viabilidad de la nueva senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a principios de este año. Dicha senda fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, metas que ya se iban a ver comprometidas por el retraso en la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 y, en mayor medida, por el impacto económico de la pandemia del Covid-19.