A partir de octubre, la Policía Judicial podrá actuar penalmente contra aquellos transportistas que manipulen el tacógrafo, según informa la patronal en una nota de prensa.

Ante esta medida, Fenadismer reclama que se garantice la "seguridad judicial máxima" en la aplicación del Codigo Penal en el transporte por carretera.

En su opinión, la situación económica que atraviesan las empresas, con un tercio de la flota parada, "induce a una competencia feroz que puede llevar a un mayor incumplimiento de la legislación".

Por esta razón, afirma que se debe "establecer la responsabilidad a todos los que intervienen en la cadena de contratación, especialmente a los que inducen a la comisión del presunto delito".

Fenadismer exige que se modifique la atribución de responsabilidad prevista en la ley, que sólo considera culpable a la empresa de transporte.