El juzgado dictó medidas cautelares en respuesta a una denuncia presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) el pasado día 23. Alegaban vulneración de las normas de prevención de riesgos laborales ante lo cual el juzgado dio un plazo de 24 horas para dotar de equipos de protección individuales a los fiscales y funcionarios de las oficinas fiscales que estuvieran obligados a acudir a sus centros de trabajo para atender servicios esenciales.

La Fiscalía esgrime la “absoluta y patente falta de competencia objetiva” de este Juzgado de lo Social de Madrid que no podría, por tanto, adoptar medida cautelar alguna al tratarse de “una demanda de conflicto colectivo al interponerse en representación del colectivo de fiscales, no circunscribiéndose a los que desempeñan sus funciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, pudiendo afectar por el contrario a todas las Fiscalías del territorio nacional”.

El Ministerio Público entiende que la competencia en este caso corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En un duro escrito, la Fiscalía critica que la magistrada haya admitido una demanda “interpuesta a través de un procedimiento inadecuado, arrogándose competencias de las que carece” y que haya dictado un auto de cautelarísimas “sin precedentes conocidos, contra un órgano con relevancia constitucional que extiende sus competencias y atribuciones a todo el territorio del Estado”.

La Fiscalía arremete contra la jueza titular porque “este claro exceso en el ejercicio de sus competencias, y es posible que en el de su jurisdicción, supone una falta de diligencia inadmisible en todo caso, pero más aún, ante la terrible situación a la que nos enfrentamos día a día desde la justicia, en la que debiera ser predicable de quienes ejercen un poder del Estado un mínimo conocimiento del funcionamiento, extensión territorial y competencias específicas de otras instituciones constitucionales, como es el Ministerio Fiscal y uno de sus órganos: la Fiscalía General del Estado”.

La jueza de lo Social invocaba en su auto otra resolución que el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid dictó el pasado 19 de marzo imponiendo también medidas cautelares a la Consejería de Salud del Gobierno regional para que proporcionasen material de protección a los profesionales de la red en un plazo de 24 horas. Además, se refería a un auto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el pasado 18 de marzo reconocía que no había medios materiales para impedir posibles contagios.

Por todo ello, acordó pedir “que se provea de forma inmediata, en el término de 24 horas, en todas las sedes judiciales, a los Fiscales, incluyendo al concreto demandante y funcionarios de las Oficinas Fiscales que deban realizar funciones presenciales durante la vigencia de la pandemia del Covid-19 de mascarillas, guantes, gel desinfectante, y gafas, si fuera posible”.