En un comunicado conjunto, ambos sindicatos recordaron que los empresarios y las administraciones están obligados por la ley a proporcionar a los trabajadores los EPI y las medidas de protección necesarias para salvaguardar su seguridad y salud.

Asimismo, apuntaron que los gobiernos y la Inspección de Trabajo están obligados a velar por el cumplimiento de esas medidas.

Por ello, las dos organizaciones reclamaron al Gobierno “que realice las acciones necesarias para asegurar el abastecimiento de dichos equipos y sistemas de seguridad y protección, que articule las medidas que aseguren su distribución entre los trabajadores y trabajadoras, y que proporcione los test necesarios para la detección temprana de posibles positivos y frenar el contagio”.