Así lo aseguraron a Servimedia fuentes de la Consejería de Educación, que precisaron que “las ayudas se otorgan en función del uso de un servicio, si este no existe, la Administración no puede abonar la beca”. El mismo portavoz recalcó que la ayuda sí se ha abonado el mes de marzo, aunque los pequeños sólo han podido ir a las escuelas durante siete días, al decretarse su cierre para frenar la pandemia del coronavirus.

La Comunidad también dice que conoce la situación por los “muchos escritos” que ha recibido, “fundamentalmente de familias”. “Las becas se conceden a los padres que cumplen los requisitos, no a las escuelas infantiles privadas”, resalta el portavoz, por lo que la relación entre la escuela infantil privada y sus usuarios “no es competencia” de la administración.

En concreto, el citado 'cheque guardería' suele consistir en una ayuda mensual de unos 100 euros para contribuir a la conciliación familiar aminorando el coste de la escolarización de hijos de padres trabajadores en las escuelas infantiles.

“Igual” que la Comunidad de Madrid indica que "no puede pagar un servicio que no se presta", las empresas "no deberían cobrar a las familias por un servicio que no reciben”. No obstante, el Ejecutivo regional anuncia que, “una vez que se reanuden las clases”, se volverán a abonar las becas concedidas para este curso.

Las escuelas infantiles privadas detectaron hace unos días que no podían acceder al sistema informático con el que, mes a mes, gestionan la recepción de esas ayudas concedidas a las familias de los niños que están escolarizados en esos centros.

900 CENTROS

La situación afecta a más de 900 centros privados que escolarizan a más de 50.000 alumnos de 0 a 6 años (incluidos todos los pequeños, los que reciben la ayuda y los que no) y que dan trabajo a cerca de 7.000 trabajadores, un 90% de ellos, mujeres, según recuerda la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade). Por ello, esta organización reclama que "o se arbitran ayudas por una cuantía similar o el sector va a desaparecer una vez finalice la situación provocada por Covid-19".

La asociación recuerda que “es obligación de los poderes públicos garantizar la prestación del servicio y dar respuestas a aquellas situaciones que pudieran hacer peligrar la citada prestación”.

Según destacaron las escuelas privadas recientemente en un comunicado, "es la situación en la que se encuentran más de 50.000 familias que podrían perder la plaza de sus hijos ante una inminente desaparición de las escuelas infantiles que eligieron para escolarizarlos”.

PETICIÓN CIUDADANA

La protesta a la decisión de la Comunidad de Madrid también ha recabado más de 11.000 firmas a través de una petición ciudadana en la plataforma 'Change.org', impulsada por Laura Barranco Sánchez, directora de una pequeña escuela de educación infantil en el barrio madrileño de Villaverde.

"La mayoría de las escuelas dependemos de esta ayuda para seguir en funcionamiento. Recibimos la beca mensual en función del número de alumnos matriculados en el centro, comprobado cada mes, gestionado por una empresa intermedia, lo que nos permite mantener los ingresos derivados de nuestra actividad", explica a Servimedia.

"No es justo que el peso del mantenimiento de la escuela tenga que recaer en los padres de los alumnos, a quienes en algunos centros se les está pidiendo que paguen la tasa mensual en lugar de recibir el dinero de la beca", añade, subrayando la situación de las familias con ingresos bajos o afectadas por ERTE debido a la crisis de coronavirus.

Es más, plantea que hasta la fecha los profesionales del ámbito de la educación infantil no se han podido acoger a ninguna ayuda de las ofrecidas por la crisis del coronavirus. A lo que añade, "¿qué pasará cuando cientos de padres y madres vuelvan a sus puestos de trabajo y se encuentren con que el centro de educación infantil haya tenido que echar el cierre?"