“Las personas de esos países no son responsables”, declaró la mandataria de la ONU en un vídeo difundido por las cuentas institucionales de Naciones Unidas. Según Bachelet, las sanciones podrían tener una repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos.

Por tanto, “es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, teniendo en cuenta la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó.

En este sentido, la responsable de Derechos Humanos de la ONU trasladó a las autoridades económicas, europeas y mundiales que “las sanciones deben atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países”.

Y es que “en un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos. Las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, dijo.

Bachelet resaltó que en Venezuela algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante. “Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”, argumentó.

Agregó que es de especial importancia la protección de la salud de los propios trabajadores sanitarios y que las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina. “Los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”, recordó.

Los países que podrían verse afectados por las sanciones son, según la ONU, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe. La alta comisionada pidió la unidad de los dirigentes mundiales porque “la cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales en todo momento para promover los derechos humanos; y ahora también son vitales para promover los intereses nacionales de cada país”.

Bachelet agregó que los países sancionados deben proporcionar “información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población”.

Además, según la funcionaria, deben aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias.