Varias sedes judiciales han sido ya desinfectadas. Es el caso de la Audiencia Nacional, en la que se procedió a la desinfección el pasado domingo, después de tenerse conocimiento de varios casos de contagio entre los trabajadores de su sede principal de la calle Génova de Madrid.

Este tipo de intervención no se ha realizado por el momento ni en la Fiscalía General del Estado (FGE), ni el Instituto Nacional de Toxicología, ni el Registro Civil Central. Y precisamente en el último los funcionarios consideran que es más urgente desinfectar puesto que es el que tiene más afluencia de ciudadanos y se ha ampliado el horario de apertura.

Según el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), están empezando a proliferar los positivos entre los trabajadores de juzgados y tribunales, que están obligados a mantener los servicios esenciales en esta situación de crisis sanitaria.

Hasta el momento ya se han desinfectado sedes judiciales de toda España, entre ellas los Juzgados de Instrucción de Madrid en Plaza de Castilla, la Ciudad de la Justicia de Valencia y distintos juzgados en Cataluña. Los funcionarios que prestan servicios en las sedes judiciales reclaman medios de protección tales como mascarillas y guantes, para los que no pueden realizar su trabajo por vía telemática.

El malestar es tan grande entre los funcionarios que el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial ha presentado sendas demandas contra el Ministerio de Justicia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Cataluña. Las demandas han recaído en el juzgado de lo Social número 41 de Madrid y número 12 de Barcelona, que han estimado en parte las peticiones.

Piden la adopción de medidas para que se les faciliten de manera inmediata equipos de protección individual cuando deban acudir a sus puestos de trabajo en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se evalúen "individualizadamente" los riesgos de cada funcionario en el desempeño de sus funciones y que se suspenda la actividad en juzgados y tribunales mientras estas medidas de protección no estén a su disposición.

Por el momento, ambos jueces han dado plazo a Justicia para que ponga a disposición de los funcionarios los equipos de protección. El plazo expiró el pasado viernes en Madrid y este martes termina en el caso de Barcelona. Los letrados de Justicia no descartan interponer la correspondiente denuncia contra el Ministerio de Justicia ante el juzgado de guardia.