Así lo anunció la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha aprobado la letra pequeña de la línea arbitrada de manera excepcional y que se estructurará con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La también titular de Hacienda detalló que la banca ya puede ofrecer los préstamos garantizados con dichos avales porque la norma se ha aprobado con efectos retroactivos para las garantías desde el pasado día 18 de marzo y anticipó que la primera parte de los mismos se pondrá inmediatamente en marcha por valor de 20.000 millones.

La razón para dispensar sólo un 20% de su capacidad la justificó en la oportunidad de “observar” las condiciones de los avales “por si hubiera que ajustar algunos de los mecanismos” que ahora se aprueban y garantizó que en el momento que se agoten los 20.000 millones, “inmediatamente y de forma automática, entrará en acción el resto de la cantidad”.

El Gobierno ha reservado el 50% de las garantías para préstamos que la banca otorgue a pymes y autónomos. El aval cubrirá al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.

La intención es inyectar liquidez a compañías y autónomos que sufran en sus negocios por el estado de alarma establecido por el Covid-19, de forma que los avales cubrirán tanto nuevas concesiones como renovaciones de préstamos. La vigencia del aval será la misma de la financiación que protege con un máximo de cinco años.

Los criterios finalmente aplicados están en línea con la demanda del 80% que venía pidiendo la banca para que determinadas operaciones puedan ser consideradas por sus sistemas de control de riesgos y no incurrir en gigantescas pérdidas, que deterioren su solvencia, si la ayuda se traduce en millonarios impagos de los créditos.

El Gobierno ha tardado en establecer los criterios porque analizaba los que estaban aplicando países de nuestro entorno, según explicó ayer la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Se estudiaban sistemas como el francés y el alemán que cubren al 80% el riesgo, pero también el belga. El Gobierno belga deja sin cobertura pública el 3% primero de morosidad que pueda declararse, cubre al 50% el ramo entre un 3 y 5% de impagos y los fallidos restantes en un 80%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que los avales buscan que las empresas y autónomos tengan liquidez para que “preserven la actividad productiva y, sobre todo, el empleo” y puedan atender necesidades de financiación como las derivadas del pago de los salarios, facturas, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

“Ayudarán a resistir los efectos negativos de la emergencia de salud, garantizando en su conjunto a la sociedad”, explicó convencida de que la banca hará un uso amplio de los mismos. “Han trasladado su voluntad de poner a disposición la financiación que permita sostener la actividad productiva”, el comercio y todo aquello que se haya visto sometido a “tensiones” por el cierre de los negocios”, detalló.

El acuerdo no fija un precio o interés para su comercialización, algo a lo que la ministra le quitó importancia, subrayando que los intereses están muy bajos en la actualidad por lo que no implicaba en sí un problema para la concesión y detallando que el problema lo presentaba el superar el examen de riesgo para su concesión.

“Creo que la responsabilidad de las entidades financieras de nuestro país se ha mostrado y lo hará de manera razonable para permitir que todos puedan acceder a esa ayuda. El problema no tiene tanto que ver con el tipo de interés, ya que el precio del dinero se ha mantenido bajo, sino por la necesidad de avalar el riesgo para que permita a las entidades financieras contar con cierto colchón de seguridad para poder hacer frente a operaciones que no se ven siempre con claridad”, expuso.

Por contar con el aval la banca deberá pagar entre 20 y 120 puntos básicos, coste que, según el Gobierno, será asumido por las entidades financieras. La fijación de estos precios suele establecerse para evitar problemas de Competencia o que se consideren ayudas de Estado.

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020 en las entidades financieras con las que el ICO tenga acuerdos de colaboración. Según ha detallado el Ministerio de Asuntos Económicos, las entidades financieras “se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del Covid-19” y asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos cuyos préstamos resulten avalados.

Montero aprovechó para agradecer que la colaboración frente a la situación creada por el Covid-19, además de la mostrada por la banca, la ha probado el “conjunto del tejido productivo” poniendo a disposición sus capacidades. Mencionó industrias como la alimentaria, la del automóvil o la de cosmética, entre otras donde empresas han cambiado su línea de producción para intentar cubrir necesidades actuales y otras que pudieran surgir aprovechando sus conocimientos.

AUTÓNOMOS

Preguntada sobre si el Gobierno está dispuesto a exonerar del pago de la cuota a todos los autónomos en los próximos dos meses, la portavoz respondió que el colectivo de pymes y autónomos es en el que se ha puesto “un especial interés” en esta crisis.

Repasó las medidas ya aprobadas como el aplazamiento del pago de impuestos y deudas tributarias durante seis meses y sin pagar intereses durante tres meses, el acceso de los autónomos que cesen su actividad a la prestación extraordinaria sin pagar la cuota durante ese tiempo y para los que tengan empleados a su cargo y deban acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no tengan que cotizar por esos trabajadores.

Montero destacó que esas medidas se complementan con una liquidez de 100.000 millones de euros para autónomos y pymes, donde se avalará el 80% de la operación, con lo que “entendemos que no van a tener ningún problema en recibir el crédito por parte de las entidades financieras”. “Iremos acompañando estas medidas” en el caso de que prolongue la alerta, según Montero.