Según comunicaron este martes, "atendiendo a la dilatada lista de espera del Tribunal Supremo, de unos tres años para este caso, pueden acumularse alrededor de 630.000 de recursos hasta que se dicte sentencia firme".

Los titulares de las más de 53.000 instalaciones fotovoltaicas afectadas por el citado real decreto pueden acudir a los tribunales para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración.

Para ello, los titulares deben recurrir todos los actos administrativos que se deriven de la aplicación del decreto, es decir, todas las liquidaciones mensuales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en las que no se abonen las primas, como resultado de la limitación de horas equivalentes con derecho a percibirlas que establece la citada norma con carácter retroactivo.

Las diferentes plataformas de afectados que ya están operativas "garantizan que haya decenas de miles de recursos contra cada una de las liquidaciones mensuales de la CNE. Y la simple extrapolación de datos indica que el número de recursos puede superar los 630.000 durante los próximos tres años", concluyeron.