Así lo asegura un estudio de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (Comfia), su Confederación Sindical y la fundación Primero de Mayo, presentado hoy en Madrid.

En el acto participaron el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; el secretario general de Comfia, José María Martínez, y el secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria del sindicato, Carlos Bravo, quienes se lamentaron de la falta de fiabilidad de los índices y herramientas utilizados para evaluar los productos de ISR”.

“Por ello estamos trabajando en un segundo informe, a fin de fijar nuestro criterio al respecto, adelantó Bravo.

A su juicio, los temas de buen gobierno son los que más atención reciben, especialmente tras la aprobación del Código Conte”. “Luego hay algunas empresas de alto impacto, como Repsol o Endesa, muy preocupadas por los asuntos medioambientales”, continuó Bravo, “pero los temas sociales (libertad sindical, respeto de los derechos humanos, salarios dignos...), despiertan muy poco interés entre promotores y estudiosos”, añadió.

Bravo señaló también que “en España la ISR está muy poco desarrollada, muy por detrás de los países anglosajones”. “El total de productos gestionados con criterios éticos no llega al 1%”, apuntó, y subrayó además que “ni siquiera hay datos globales referidos a los sistemas de pensiones”.

De hecho éstos practican una ISR “indirecta”, aseguró, ya que se dedican a invertir en fondos que sí funcionan con criterios responsables, pero ellos no contratan estos productos de modo directo”.

Con todo, el secretario general de CCOO reconoció que “hemos avanzado mucho en los últimos años”, e instó a empresas y administraciones a incorporar criterios responsables en sus decisiones de inversión cotidianas.

En este sentido abogó por “el activismo accionarial” como medio de influencia, y destacó la necesidad de “instrumentos regulatorios, cuya falta la crisis ha puesto de manifiesto”.

El informe estudia los planes de empleo y de pensiones en el sector público y privado y, entre otros, recoge los casos de ABP, del fondo de pensiones de las entidades y trabajadores del sector público holandés, y del Fondo de Pensiones del Gobierno noruego.