Esta es una de las nuevas pruebas solicitadas por la asociación presidida por Daniel Portero después de que el juez Ruz reactivara este lunes la investigación acordando, en contra del criterio de la Fiscalía, una batería de diligencias para llegar hasta el final de la causa.

El escrito presentado esta mañana por la asociación subraya que el informe elaborado por la Dirección General de la Policía sobre el tráfico telefónico de los tres imputado -el exdirector general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y otros dos miembros del cuerpo- no refleja las llamadas que realizaron y recibieron de tres números pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

Dignidad y Justicia pide que, en un primer momento, “se proceda a la averiguación de los usuarios de dichos teléfonos” durante el periodo “comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y el 16 de septiembre”. La asociación solicita que, una vez identificados, se cite a los usuarios “para que presten declaración en calidad de testigos en relación a su presunta participación en los hechos investigados”.

En el escrito solicita además a Ruz que interrogue “por primera vez” al superior jerárquico del jefe del equipo conjunto de investigación franco-español contra el aparato de extorsión de ETA, Carlos G., para esclarecer las “contradicciones existentes” entre la versión de los hechos de este último con el informe elaborado sobre los hechos por la Dirección General de la Policía.

El citado informe, elaborado por el superior jerárquico, destaca que durante el 3 de mayo de 2006, un día antes del chivatazo, Carlos G. fue “reticente” a llevar a cabo el operativo contra el aparato de extorsión en torno al bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa) “argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre”.

ASUNTOS INTERNOS

Dignidad y Justicia solicita además la declaración ante Ruz de otro mando policial por su presunta relación con los hechos, así como que el magistrado pregunte a la Policía Nacional si existe algún otro informe de la Unidad de Asuntos Internos “en relación a la actuación llevada a cabo por los funcionarios policiales que participaron en la operación”.

Ruz deberá ahora decidir si acuerda las diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia. El juez señaló en un auto dictado este lunes que de lo investigado hasta ahora se desprende que se trató de “una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía”, con la que se intentó “evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por su presunta participación en una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del denominado ‘impuesto revolucionario’”.

“Se trataba de evitar la inminente detención del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur, quien tenía previsto acudir el 4 de mayo a Irún para reunirse con Joseba Elosúa (dueño del bar ‘Faisán’) a fin de materializar la entrega de una supuesta cantidad de dinero presuntamente procedente del cobro del ‘impuesto revolucionario’”, indicó Ruz.

La investigación apunta a que uno de los agentes imputados, un miembro de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, fue la persona que entregó un teléfono móvil al dueño del bar "Faisán", Joseba Elosúa, con el que se le alertó de la operación.