En un comunicado, la organización se refirió al artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a las empresas al reparto de dividendo cuando lo solicite algún socio, si no hay acuerdo unánime en contrario en los estatutos.

Para el IEF, este artículo tiene una “importante repercusión” en las empresas familiares no cotizadas, por lo que reclamó su moratoria hasta que se supere la crisis.

El Instituto de la Empresa Familiar destacó que, desde el punto de vista de las empresas, lo más urgente es contrarrestar la “fuerte caída” de ingresos que se produce a través de diferentes partidas como los sueldos, las cotizaciones sociales, los alquileres, el pago a proveedores, las deudas financieras, los impuestos o los dividendos.

La organización destacó la importancia de apoyar al Gobierno “en una situación muy complicada” y señaló que las medidas adoptadas están en línea con las llevadas a cabo en otros países europeos. “Suponen un primer paso, por la vía de urgencia, para intentar apoyar al tejido productivo”, manifestó.

El Instituto advirtió de que las consecuencias a medio y largo plazo de esta crisis están por determinar pero que “todo apunta a que serán muy graves”, y los efectos de segunda vuelta dependerán de las medidas que se tomen, en lo que juega un papel el Banco Central Europeo (BCE) para contrarrestar la posible fragmentación de los mercados financieros.

“Lo importante es no convertir una crisis temporal en una crisis muy duradera, no convertir una crisis de liquidez en una crisis de solvencia” y tomar medidas pensando en el largo plazo, aunque haya que adoptar algunas urgentes para mitigar los problemas de tesorería de las empresas afectadas.