Asímismo, la Red reclamó que los servicios que prestan los servicios sociales y las ONG sean considerados "esenciales". Consiedera que los 600 millones de euros para familias vulnerables destinados a prestaciones básicas beneficiarán basicamente a personas mayores y dependientes por lo que solicita mas fondos.

El real decreto ley contempla la continuidad de los servicios públicos esenciales y de las telecomunicaciones en caso de impagos, pero no incluye a los hogares cuyas viviendas están en régimen de alquiler y han perdido ingresos por la crisis del coronavirus, ya que sólo aquellas con hipotecas están autorizadas a no pagarlas puntualmente, en caso de dificultades económicas.

Por otra parte, asegura la Red, "el apoyo a las personas trabajadoras es positivo, especialmente a aquellas que reduzcan su jornada o permanezcan en el hogar si son únicas cuidadoras. No obstante, advertimos un efecto negativo: la feminización de los cuidados".

"La flexibilización de ERTES sin tener en cuenta tiempo de cotización efectuado es una buena noticia. Sin embargo, no está claro cómo se aplicarán estas medidas en los casos del régimen especial del servicio doméstico, que comprende a 700.000 trabajadoras, la mayoría de ellas mujeres, ni cómo se protegerá a los trabajadores con otros empleos precarios o 'atípicos', sin contrato, por horas, a demanda, etc", argumentó.

Asimismo, eta red considera que es necesario que se contemple en este ámbito el apoyo a las empresas de economía social y, de forma especial, a las empresas de inserción. Todo ello sin olvidar que el Tercer Sector de Acción Social es generador de un importante nivel de empleo, por lo que es necesaria su protección ante la pérdida de recursos humanos y económicos, como sector esencial para afrontar la crisis y sus consecuencias.