En una nota, la organización sindical, añadió que la citada decisión "supone una transferencia de financiación pública a grandes empresas de comida rápida y con pocas garantías de cumplir los requisitos mínimos por considerarse desaconsejable para edades tempranas este tipo de alimentos, mientras provoca ERTE en las pequeñas empresas encargadas de los comedores escolares, por la suspensión de contratos que ha provocado muchos ERTE y el despido de miles de trabajadores".

Para UGT, la medida va dirigda a un colectivo "especialmente vulnerable, por ser perceptores de la RMI, y más en esta situación de crisis" y, en su opinión, "no garantiza un menú equilibrado y de calidad tal como recomiendan las autoridades sanitarias y educativas".

La organización cree que otras medidas podrían haber resuelto la situación, como que dicho servicio lo siguieran ofreciendo las empresas de comedor autorizadas en colaboración con ayuntamientos y con "cheques de alimentación, canjeables en tiendas y supermercados".

UGT recordó a la consejería "que no son 11.500 los alumnos beneficiarios de ayudas de comedor", pues corresponde al número de quienes tienen una ayuda mayor en función de ser familias perceptoras del RMI, "pero hay más de 80.000 familias que tienen precio reducido y que no deben verse perjudicados por la suspensión de este servicio durante el período de cierre de los centros por el Covid-19".