Su activación es con carácter extraordinario y con una duración de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley que incluye esta medida, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se dotará con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización y se habilitará en dos tramos: uno de 1.000 millones de manera inmediata y otro por igual importe cuando se ejecute por completo el anterior.

Para su activación y cobertura será elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, sin que sea necesario su relación directa con uno o varios contratos internacionales, siempre que “respondan a nuevas necesidades de financiación y no a situaciones previas a la crisis”.

Entre los potenciales beneficiarios figuran pequeñas y medianas empresas españolas (pymes), y otras de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas, y tenga negocios internacionales o se encuentren en procesos de internacionalización.

Considera como tal aquellas donde la actividad exterior represente al menos un tercio o el 33% de su cifra de negocios; sean exportadoras regulares y encaren a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis sanitaria.

La norma excluye expresamente aquellas compañías en situación concursal o pre-concursal, así como aquellas empresas con incidencias de impago con empresas del sector público o deudas con la Administración anteriores al cierre del año 2019.

Las coberturas serán otorgadas a través de la compañía pública de seguro de crédito CESCE en nombre propio y por cuenta del Estado.