Su convicción procede que, al ser una situación transitoria, que podría limitarse a un mes, no debería generar conflictos, sino un entendimiento y comprensión entre arrendatario y arrendador para impedir que se quede sin techo.

Además, las fuentes consultadas recuerdan que el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes protege a los trabajadores para que puedan hacer frente a sus pagos elementales, ya que facilita a las empresas el recurso al mecanismo de los Ertes a fin de impedir que resulten despedidos.

Si un trabajador acaba, por tanto, afectado por un expediente de regulación temporal de empleo ante la caída de ingresos de su compañía accederá a una prestación durante el tiempo que se mantenga la medida.

Esta idea es la que está detrás de que no hayan incluido en el Real Decreto Ley aprobado hoy la reforma de la ley de arrendamientos urbanos anunciada en los últimos días para “evitar” los desahucios por impacto en el alquiler de las viviendas, especialmente en zonas con precios tensionados.

El Real Decreto-ley de hoy impondrá a la banca una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para aquellos trabajadores que vean reducidos sus ingresos o acaben en situación de desempleo a raíz de las medidas aprobadas por el estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus.

Se suma a la prórroga a la moratoria de desahucios hipotecarios aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros para ampliar el pazo durante el que no podrán ser desalojadas familias vulnerables de sus casas y ampliar también el colectivo de hogares que podrán beneficiarse de la medida.

Aquel Real Decreto impide, en concreto, que las familias en situación de vulnerabilidad sean desahuciadas de sus viviendas por impagos hipotecarios hasta el año 2024, tras ampliar la moratoria en los desalojos a cuatro años desde los dos actuales.