Así lo dijo Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se dio luz verde a un real decreto ley con medidas económicas destinadas a paliar los efectos de la emergencia sanitaria sobre familias vulnerables, empresas y trabajadores, y a incentivar la investigación científica. El presidente del Gobierno lo calificó como el decreto con la mayor dotación de la democracia, 200.000 millones de euros entre recursos públicos y privados.

En lo que afecta al terreno laboral, se promoverá que los ajustes de plantilla que lleven a cabo las empresas como consecuencia del coronavirus Covid-19 se hagan a través del ERTE y en un plazo de cinco días, acortándolo respecto a los ordinarios, por lo que “los trabajadores percibirán sus prestaciones con mayor agilidad”.

Los empleados afectados por estos expedientes temporales tendrán derecho a cobrar la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período mínimo de cotización necesario para ello (periodo de carencia). El cobro del desempleo en estos casos no descontará de los periodos máximos de percepción, es decir, se pondrá el “contador a cero” cuando termine ese tiempo excepcional y no afectará a prestaciones futuras.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se precisó en una nota que ningún trabajador dejará de percibir una prestación en caso de que no pueda realizar los trámites a tiempo.

Los trabajadores fijos discontinuos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo ante la situación generada por el coronavirus también podrán acogerse a la prestación por desempleo y se ampliará también a los socios trabajadores de cooperativas que hayan tenido que suspender su trabajo o reducir jornada por causas relacionadas con el Covid-19.

Las empresas inmersas en los ERTE también estarán exentas de pagar la cotización a la Seguridad Social, lo que “permitirá aliviar las cargas financieras de las empresas y recuperar el empleo cuanto antes”, según Sánchez. También estarán exentos del pago los trabajadores que vean reducida su jornada por el ERTE. Esta exoneración no tendrá impacto sobre los trabajadores, pues ese periodo constará como efectivamente cotizado a todos los efectos.

REDUCCIÓN DE JORNADA Y TELETRABAJO

Asimismo, se ha aprobado la posibilidad de que los asalariados puedan “adaptar o reducir” su jornada laboral hasta el 100% para “hacer frente a la necesidad de conciliar”. Podrán acogerse quienes acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado de la persona trabajadora, y también en el caso de que, por circunstancias relacionadas con el Covid-19, la persona que se hubiera encargado de esta cuidado o asistencia no pudiera seguir haciéndolo.

La reducción de jornada deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación y las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera “justificada, razonable y proporcionada” para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se limitarán a la duración del periodo excepcional.

En cuanto al teletrabajo, se flexibilizará y facilitará esta posibilidad para el trabajador a través de un sistema de autoevaluación o ‘checklist’ que cada empleado podrá cumplimentar individualmente. Las medidas de teletrabajo “serán prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad”. Sánchez indicó en la rueda de prensa que habrá una “partida importante” destinada a la compra de ordenadores por parte de las pymes para facilitarlo.

PRESTACIÓN PARA AUTÓNOMOS

Por otra parte, para los trabajadores autónomos, se ha aprobado una prestación análoga al cese de actividad o paro de los autónomos para quienes hayan tenido que cerrar su negocio por la declaración del estado de alarma o su facturación se haya reducido en, al menos, un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Esta prestación podrán percibirla también aquellos autónomos con empleados a su cargo que tramiten un ERTE para éstos, según concretó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una nota.

Esta prestación, que será incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social, tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora, aunque no se haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de actividad. La duración será de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria deberá dirigirse a la Mutua habitual con la que tengan cubiertas las contingencias profesionales; al ISM, en el caso del Régimen Especial de Trabajadores del Mar o al SEPE, en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Sánchez defendió que con estas medidas se “priorizarán la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada como opción frente al despido de los trabajadores” e hizo un llamamiento a las empresas para que actúen en esta línea. “Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores porque esta es una crisis temporal”, afirmó el presidente del Ejecutivo, quien lanzó otro mensaje a las empresas para decirles que “el Gobierno les ayudará a superar esta crisis”.

Sánchez quiso agradecer a los agentes sociales sus aportaciones, que en buena medida se recogen según lo anunciado en la rueda de prensa.