Según informó el PP, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, junto al portavoz del PP en la institución y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, plantearon ayer al resto de grupos políticos un decálogo de medidas económicas extraordinarias para paliar la situación que van a tener que afrontar las entidades locales españolas ante el Covid-19.

Según explicó el vicepresidente de la FEMP, “hemos participado telemáticamente en la reunión de la Junta de Portavoces y desde el PP hemos trasladado un conjunto de medidas que esperamos podamos consensuar para que puedan incluirse en el real decreto ley que está preparando el Gobierno”.

Para García Urbano, “son medidas económicas extraordinarias para hacer frente a una situación extraordinaria que se ha generado tras decretarse el estado de alarma”. Por este motivo, se mostró “confiado en que el Gobierno de Pedro Sánchez adopte muchos de nuestros planteamientos ya que buscan aliviar la tensión económica que están sufriendo las entidades locales ante esta situación de crisis sanitaria”.

En la misma línea, el portavoz del PP en la FEMP sostuvo que “los ayuntamientos deberían poder utilizar su superávit para poder asumir las consecuencias económicas que están soportando”. Así, hizo hincapié en que “no es un capricho de las entidades locales sino una necesidad urgente poder utilizar nuestros remanentes positivos para aliviar la situación de nuestros vecinos y ser capaces de seguir teniendo músculo para soportar este momento crítico”.

Entre las medidas solicitadas por el PP se encuentra la petición de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de cara a que se haga una nueva regulación de los contratos de larga duración, es decir, los contratos de concesión de servicios con posibilidad de exclusión del IVA y del beneficio industrial.

Igualmente, el PP demandó la suspensión de los plazos de la jurisdicción administrativa al ámbito de la ejecución de contratos públicos, especialmente los plazos de ejecución y plazos de finalización de contratos, de forma excepcional para que puedan seguir prestándose estos servicios por las entidades locales.

El PP también reclamó que el Gobierno flexibilice la regla de gasto tanto para las entidades locales que están endeudas como para aquellas que tengan superávit. García Urbano y Azcón defendieron la necesidad de que el Ejecutivo establezca medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez para que los ayuntamientos más endeudados puedan atender las consecuencias económicas sobrevenidas. Para ello, opinaron que se podrían concertar préstamos de interés financiados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Igualmente, el PP en la FEMP planteó que se aprueben medidas económicas o líneas de crédito extraordinarias para hacer frente o paliar los efectos económicos que las empresas y demás agentes económicos están padeciendo por el panorama que se ha generado en España como consecuencia de la expansión del coronavirus.

Ambos alcaldes abundaron en la necesidad de que el Gobierno “sea solidario y comprensivo con los ayuntamientos ya que, al ser la administración más cercana a los ciudadanos, es la que mayor esfuerzo económico va a tener que realizar para poder dar respuesta a las necesidades de los vecinos de sus municipios”.