En una entrevista a Antena 3 Televisión, recogida por Servimedia, Rajoy valoró que la Audiencia Nacional haya decidido dar un nuevo paso para esclarecer el modo en que en plena tregua de la banda terrorista se avisó al dueño del bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa) de una operación policial que iba a llevarse a cabo contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.

Rajoy recordó que existen "sospechas fundadas" de que el chivatazo fue fruto de la llamada telefónica realizada por un mando policial en un momento en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba negociando con ETA un final dialogado de la violencia.

La decisión adoptada este lunes por el magistrado Pablo Ruz en el "caso Faisán", una causa en la que está imputado el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, supone en la práctica reactivar la investigación judicial sobre el chivatazo a ETA.

En concreto, Ruz subraya en un auto dictado este lunes que la investigación ha determinado que se trató de un “una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía” con la que se intentó “evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por su presunta participación en una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del denominado ‘impuesto revolucionario’”.

“Se trataba de evitar la inminente detención del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur, quien tenía previsto acudir el 4 de mayo a Irún para reunirse con Joseba Elosúa (dueño del bar ‘Faisán’) a fin de materializar la entrega de una supuesta cantidad de dinero presuntamente procedente del cobro del ‘impuesto revolucionario’”, señala el auto dictado por el magistrado en el marco de la causa en la que están imputados, además de García Hidalgo, dos miembros policiales de la lucha antiterrorista.

Entre otras medidas el magistrado ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 8 de febrero a dos agentes de Brigada Provincial de Información de San Sebastián de la Policía Nacional para “aclarar determinadas contradicciones” en relación al chivatazo.

Uno de los agentes policiales citados a declarar era inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada de Información de San Sebastián cuando tuvo lugar el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, mientras que el otro agente, una mujer, era jefa de la Sección de Análisis del mismo departamento. Ambos jefes policiales ya han prestado declaración en la Audiencia Nacional por este caso.

El magistrado, a través de un auto hecho público este lunes, señala que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, una figuras penales que podrían acarrear unas condenas de hasta 13 años de cárcel. Al superar el límite legal de nueve años de cárcel, Ruz se ha visto obligado a transformar en sumario las diligencias previas en la que se enmarcaba hasta ahora la investigación.