En un comunicado, explicó que la ley establece que el internamiento en estos centros puede darse "única y exclusivamente como un medio para la ejecución de una expulsión, ante el temor de que un extranjero que va a ser expulsado intente huir o entorpecer ilegítimamente la ejecución de la órden".

No obstante, "el privilegio de privar a las personas de su libertad para facilitar dicha expulsión tiene sus límites", indicó la asociación. "Debe ser autorizado por un juez, por un máximo insoslayable de 60 dias y nunca como castigo añadido a la expulsión, es decir, sólo para facilitarla y hacerla posible", concretó.

Se entiende pues que, si la expulsión no va a ser posible, el internamiento debe terminar de inmediato y la persona puesta en libertad", agregó la entidad.

A su juicio, ante las restricciones de pasajeros impuestas por muchos países, en especial a los procedentes de España y otros estados europeos, las devoluciones resultan hoy por hoy inviables.

El encierro en los CIE superará con mucho los 60 días, y por ello exigió su clausura de forma urgente. De hecho, considera que no deberían reabrirse hasta que la crisis se supere.