La Abogacía quiere poner en marcha estas medidas respetando en todo caso la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos y sus letrados. A tal efecto se intentará que todas las asistencias a detenidos se realicen en dependencias judiciales, renunciando al derecho a prestar declaración en sede policial.

Además, los letrados piden a las Administraciones competentes que suspendan de oficio la tramitación de los expedientes de Asistencia Justicia Gratuita durante el periodo de vigencia del Real decreto, que se tramitarán una vez éste haya finalizado, exonerando a los profesionales de la tramitación administrativa.