Además, la Comisión Permanente ha acordado extender al resto del territorio nacional el escenario 2 definido en la instrucción aprobada el pasado 11 de marzo, que prevé la posibilidad de que los jueces suspendan actuaciones procesales por razones sanitarias previa autorización del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

En la reunión mantenida hoy se ha completado la citada instrucción mediante el diseño de un nuevo escenario -escenario 3- para el supuesto de que las autoridades competentes adopten medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública adicionales a las ya contempladas en los escenarios 1 y 2 en el momento de la aprobación de esa resolución.

En este escenario y los territorios citados se garantizará cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable, los internamientos urgentes contemplados en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por trastorno psíquico o la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil.

Además, quedan garantizadas las actuaciones de los juzgados de violencia sobre la mujer que realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código Civil para aquellas personas que se encuentren en peligro de muerte.

Igualmente se realizarán las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc., y, en general, cualquier actuación en causa con presos o detenidos.

El CGPJ establece que se adoptarán las medidas de refuerzo precisas para garantizar que los órganos del orden contencioso-administrativo puedan dar una respuesta ágil y eficaz en la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como a las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.

Los presidentes de tribunales superiores de justicia y jueces decanos adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente. La Comisión Permanente podrá extender el escenario 3 a otros territorios o a nivel general a la vista de las decisiones que adopten las autoridades sanitarias.