En un comunicado conjunto de las cuatro organizaciones se exponen algunas medidas “extraordinarias” que se han acordado para abordar la “problemática laboral” que está generando el coronavirus, y que se han remitido de manera extensa al Ejecutivo para que las estudie para un real decreto con medidas “de carácter temporal y excepcional”.

En concreto, patronales y sindicatos consideran que las decisiones adoptadas por las administraciones por motivo de salud pública como el cierre de centros y cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o la falta de suministros, entre otras situaciones, “podrán justificar los ERTE por fuerza mayor”.

Se deberán redefinir las causas “con carácter extraordinario” para adaptarlas al coronavirus. Esa redefinición puede contemplar, entre otras, situaciones como la caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la cadena de suministros, entre otras. Las empresas tendrán que acreditar que el ERTE se debe al coronavirus.

Además, piden que se simplifiquen los procedimientos de estos expedientes y se acorten los plazos de resolución “dentro de la necesaria seguridad jurídica”.

El ERTE acordado o autorizado por estas causas, siempre que la empresa se haya visto obligada a parar la actividad, tendrá efectos retroactivos a la fecha de la comunicación a los trabajadores o sus representantes de la intención de iniciarlo. Los salarios abonados y cotizaciones se repondrán desde dicha fecha con cargo al fondo extraordinario.

En los supuestos en que la administración actúe como contratante, cuando ésta decida suspender el contrato concurrirá la causa de fuerza mayor que justifica el ERTE. No concurrirá esta causa justificativa cuando la administración continúe abonando la prestación de los servicios.

Como medidas comunes a todos los expedientes temporales, sindicatos y patronal piden que se acceda a la protección por desempleo sin exigir el periodo de carencia y que ese tiempo en el que se perciba la prestación no consuma del periodo de desempleo (“contador a 0”). También piden que, ante la falta de liquidez por la inactividad, se suspenda la obligación de pagar las cotizaciones por parte de las empresas.

Otras medidas que proponen son la protección de los trabajadores fijos discontinuos que se vean afectados en su empleo, de manera que tengan derecho a acceder a las prestaciones por desempleo sin exigir periodo de carencia y garantizando que no consuman del paro.

Para los trabajadores en aislamiento o contagio, proponen un complemento de hasta el 100% de sus retribuciones con cargo a un fondo de ayuda extraordinario, al que también se cargue el coste de las cotizaciones, así como establecer nuevos permisos retribuidos o de nuevas causas de suspensión de los contratos para los trabajadores que deban atender a hijos y mayores de primer grado en las situaciones descritas.

En cuanto al teletrabajo, los agentes sociales piden que se facilite “por razones extraordinarias de salud pública” en los sectores y empresas que no lo tenían implementado y que se entienda “cumplida con carácter excepcional la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador”.

Para costear algunas medidas, piden al Gobierno “recursos extraordinarios que permitan la mayor indemnidad posible” para trabajadores y empresas y que esos recursos no computen para el cumplimiento de la senda de déficit público y techo de gasto de 2020 y 2021.

“De esta manera las distintas medidas que planteen y que tengan impacto en las cuentas de Seguridad Social podrán contar con la gestión y anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, pero deberán compensarse con un fondo de ayuda extraordinaria”, señala el comunicado conjunto.

Esta tarde está prevista a las 17.00 horas una reunión por vía telemática entre los responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo.