Así lo reclamó el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, al Gobierno central, autonomías y entidades locales para garantizar que no se destruya el tejido empresarial y se conozcan de forma cierta los efectos en los diferentes sectores. Asimismo, señaló la necesidad de establecer un consenso entre la administración y el sector de la limpieza antes de hacer públicas noticias sobre medidas de contención ante el Covid-19 en los medios o en las órdenes de ministerios, consejerías o concejalías de ayuntamientos.

En este sentido, Díez de los Ríos hizo alusión al sentido común y puso de manifiesto la necesidad de coordinación entre todos los agentes implicados. Además, aseguró que “durante la crisis del virus ébola en 2014 desde el Ministerio de Sanidad se pusieron en contacto para preparar un protocolo de actuación entre todos los agentes, pero ahora ni si quiera nos han preguntado cómo puede afectar”.

“El sector de la limpieza es indispensable para garantizar la salud pública. La limpieza e higiene es un servicio básico y fundamental para la sociedad y sin ella, ningún otro servicio podría ejercer su función”, aseguró el presidente de Aspel.

Por eso, desde Aspel apelaron a la responsabilidad y tomar como referencia a otros países europeos como Francia o Alemania que, según la asociación “están actuando de manera más coordinada entre la administración y los diferentes sectores”. “En España no hay un protocolo de cómo y con qué medios y productos se realizará la desinfección y limpieza de los transportes (autobuses y metro en Madrid o en Bilbao) para frenar el Covid-19 pero, sin embargo, lo anuncian en todos los medios”, denunció la entidad.

Además, el presidente de Aspel mostró su malestar ante la suspensión de los contratos públicos con los centros educativos de la Comunidad de Madrid puesto que “puede conllevar al desempleo de todo el personal y nuestras empresas tendrán que pasar por un sinfín de trámites para cobrar y de momento quizá tengan que asumir el coste del mismo”.

De esta manera, Díez de los Ríos manifestó que “el cierre total y parcial de los centros aboca a las empresas de limpieza a iniciar un ERTE, en el mejor de los casos” y declaró que “ninguna empresa, si no se declara caso de fuerza mayor y se exonera de los costes de ello, podrá afrontarlo sin debilitar el empleo y sin quebrar por falta de caja”. Además, aseguró que “en las zonas de España donde el Covid-19 está teniendo mayor presencia, más de 21.000 trabajadores de limpieza en educación están o estarán afectados por estas medidas”.

SECTOR DE LA LIMPIEZA

Así, desde Aspel, como miembro de la CEOE, reclamaron que se cumpla con la ley de morosidad, que establece que existe un plazo de pago a proveedores de 30 días y que “se pague al servicio de limpieza según la legislación”.

Por otra parte, pidieron a las administraciones “que mantengan los contratos en vigor asumiendo la continuidad de la prestación del servicio y con ello, el mantenimiento de los puestos de trabajo”. Por último, hicieron alusión a los costes generados por esta situación y reclamaron a los gobiernos, central y autonómico, “que los asuman para evitar la destrucción del tejido empresarial”.