Este plan se analizó este miércoles en una reunión preparatoria del Consejo Extraordinario de Ministros que se celebrará mañana en la que se dieron cita los cuatro vicepresidentes del Gobierno; Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera; así como la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el director del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo.

En esta reunión liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se perfilaron las medidas del plan de choque en respuesta al coronavirus que se aprobarán mañana y que posteriormente al Consejos de Ministros, que se reunirá a las 12.30 horas, serán tratadas con los agentes en una reunión en el Palacio de la Moncloa.

En los últimos días, el Ejecutivo ya ha estado en contacto con los agentes sociales analizando el impacto económico del Covid-19. A las 17 horas del jueves, Sánchez se reunirá con los responsables de las patronales CEOE y Cepyme, y de los sindicatos CCOO y UGT, para comentar las medidas.

El pasado martes se acordó que los aislados y los contagiados por el coronavirus tengan la consideración de incapacidad temporal por accidente de trabajo, con lo que es la Seguridad Social la que se hace cargo de su coste.

También está prevista la moratoria en el pago de cuotas sociales de las empresas y los trabajadores autónomos hasta un año y sin intereses tomándose como criterio que se justifique que ha habido un impacto negativo por el coronavirus.

Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanzó que se aprobará una nueva prestación de la Seguridad Social destinada a compensar la falta de ingresos de aquellos padres que se vean afectados por el cierre de colegios, teniendo que reducirse la jornada laboral o no teniendo ninguna opción más que no trabajar para cuidar a los hijos.

Los sindicatos trasladaron esta semana sus propuestas, entre las que figuraban una prestación similar a la anunciada, un complemento para la prestación por incapacidad temporal hasta alcanzar el 100% de la retribución de los trabajadores afectados, y que en los casos de reducción temporal de la actividad o de reducción de jornada se pueda cobrar la prestación, aunque se carezca de los periodos de cotización necesarios y sin que consuma de los periodos máximos de paro.