Su demanda la justificó a la luz del impacto que la crisis “está teniendo en el tejido empresarial madrileño y en el empleo”, para que los efectos del coronavirus “no supongan una destrucción definitiva de puestos de trabajo y de empresas” y advirtiendo que, “de lo contrario, las consecuencias podrían ser devastadoras”.

Su petición incluye actuaciones materias de ámbito laboral, fiscal y financiero, incluyendo entre ellas eliminar cargas fiscales y cotizaciones sociales y “que se reduzcan o eliminen impuestos con el objetivo de mantener el empleo”.

En el mismo sentido los empresarios madrileños instan a las Administraciones Públicas autonómica y municipal, a que, a la hora de tomar decisiones motivadas por la alerta sanitaria, “evalúen y corrijan las consecuencias de las mismas en la actividad empresarial y el empleo”.