Las medidas están contenidas en un decreto de la fiscal general, Dolores Delgado, para "asegurar el cumplimiento del servicio público y de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal, así como la salud de los componentes de la carrera fiscal y de la ciudadanía".

Establece que los fiscales jefes y los fiscales superiores serán los responsables de adoptar todas las medidas que indica este decreto de forma coordinada con el Ministerio de Justicia, los tribunales superiores de Justicia y las comunidades autónomas afectadas y advierte de que las instrucciones podrán irse adaptando a la evolución de la epidemia de Covid-19 y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y administrativas.

Así, establece el teletrabajo para el personal de la Fiscalía a fin de evitar la coincidencia de toda la plantilla en los centros de trabajo. Aunque debe quedar garantizada la presencia efectiva del Ministerio Fiscal en el servicio de guardia, la asistencia a las vistas, comparecencias y juicios señalados.

También se indica que se deberán evitar en lo posible todos los desplazamientos, recurriendo a medios telemáticos que permitan realizar reuniones por videoconferencia. Los fiscales, por tanto, deberán atender el despacho ordinario de asuntos desde el domicilio particular.

Además, la Fiscalía General suspende temporalmente las visitas e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores, de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores u otras de similar naturaleza en la medida en la que no resulten absolutamente imprescindibles.

Asimismo, se suspende temporalmente la convocatoria de juntas de fiscales u otro tipo de reuniones de similares características. Las medidas alcanzarán también a los alumnos en prácticas en las fiscalías y a la presencia de los fiscales a los cursos de formación.

El decreto establece también la posibilidad de que los fiscales se ausenten de sus lugares de trabajo en casos de patologías concurrentes o enfermedades crónicas, embarazadas, o personas que hayan estado en contacto con personas enfermas por coronavirus y aquellas que tengan hijos menores de edad o personas dependientes.

Estas medidas afectarán a fiscales, estudiantes asignados a la Fiscalía y funcionarios de la Administración de Justicia que presten sus servicios en las fiscalías. La Fiscalía General del Estado realizará un seguimiento de la aplicación de esta instrucción y pide a los fiscales jefes que comuniquen cualquier incidencia al comité de seguimiento de la epidemia de coronavirus.