En concreto, uno de los artículos incluidos en el número advierte que

“el sistema de protección social español presenta un fuerte sesgo a favor de las personas mayores” y que “en comparación con la media europea, España ofrece menos prestaciones en atención a la familia, a la infancia y a la dependencia, aun cuando esta última no compete a la Seguridad Social”.

Para Funcas, “el principal problema de la Seguridad Social española hoy día es su sostenibilidad”, ya que, destaca, “aun sin concluir el proceso de transición demográfica, la institución pública que gestiona un mayor presupuesto en España arrastra un déficit de en torno al 1,4% del PIB y en los tres últimos años el Estado ha tenido que aportar más de 40.000 millones de euros para su cobertura”.

En este sentido, la fundación subraya que “el problema no es solo el déficit actual, sino su evolución futura, por el aumento de la tasa de dependencia, el impacto de la nueva revolución tecnológica sobre el empleo y los salarios, y la mayor esperanza de vida”.

Por ello, otro artículo destaca el papel que en el futuro deberá jugar la inmigración en el aumento de la población activa para sostener el sistema de protección social, pero que “ello exige también un compromiso del Estado de bienestar con los inmigrantes”. Sobre este punto, el artículo considera que las necesidades sociales de los inmigrantes “no han sido atendidas de manera adecuada por el sistema” y que ello “obstaculiza el enraizamiento de esta población y compromete su aportación al mantenimiento de la tasa de dependencia, lo que exige políticas dirigidas a los colectivos más vulnerables ante las transformaciones tecnológicas y económicas”.

Por otra parte, también se resalta el impacto que el trabajo autónomo, el interino, la parcialidad o los contratos de muy corta duración tendrán en la protección social, por lo que plantea la adopción de “medidas de apoyo a las rentas del trabajo mediante complementos salariales o la implantación de una renta básica universal que reemplazaría a gran parte del sistema actual de prestaciones”. En este sentido, considera que, “en un mundo con menos empleo y mayor precariedad”, la introducción de una renta básica universal “garantizaría un nivel de vida digno y ampliaría la libertad de elección a todos los ciudadanos”.

PENSIONES

En cuanto a las pensiones, Funcas destaca que el 30% del gasto consolidado de las administraciones públicas en 2018, más de 148.000 millones de euros, correspondieron a las actividades de la Seguridad Social, casi por completo en forma de prestaciones a los hogares, y que, entre estas, “destacan las pensiones contributivas, tanto por número de beneficiarios como por gasto comprometido, por lo que son la clave de la sostenibilidad del sistema”.

En concreto, apunta a que el gasto en estas prestaciones se ha multiplicado por 5,6 desde 1977 (467%) por el mayor número de pensiones (de 3,8 a 9,7 millones; +155%) y la cuantía media (de 418,33 a 927,87 euros constantes de 2018; +122%), mientras que, en lo referente a los ingresos, si en general las prestaciones de la Seguridad Social (sin incluir la protección por desempleo) pasaron de representar el 5,95% del PIB en 1977 al 11,80% en 2018, las cotizaciones sociales (también sin las destinadas al desempleo) pasaron del 9,97% del PIB al 9,52%.

Por ello, la entidad considera que “será preciso reducir la tasa de sustitución, una de las más altas de Europa, y más concretamente actuar sobre los parámetros que determinan la pensión inicial, y sobre la edad efectiva de jubilación, ya que no parece factible que la financiación mediante impuestos pueda ir demasiado lejos, aunque sea de ayuda, dados los problemas de déficit público y las necesidades de otras partidas de gasto”.

Sobre la tasa de sustitución, Funcas señala que la media en España, que se define como la pensión media dividida por el salario medio de la economía, se sitúa en el 57,7%, la tercera más alta de la eurozona y superior en 13,6 puntos a la media de la eurozona y en 7,2 y 15,7 puntos a la de Francia y Alemania, respectivamente. Respecto a la tasa bruta de reposición de la jubilación, que relaciona la pensión inicial con los últimos salarios percibidos durante la vida activa, las pensiones españolas ocupan el primer lugar superando en 28,8 puntos la media de la eurozona (78,7% vs 49,9%).

Así, plantea que “los efectos del envejecimiento sobre el crecimiento económico podrían paliarse en parte con el aumento de la participación laboral entre colectivos como mujeres y mayores de 55 años, el alargamiento de la vida laboral, la gestión de los flujos migratorios o la mejora de la productividad”. Sin embargo, resalta que “en los escenarios demográficos manejados, estas medidas no serían suficientes para afrontar el crecimiento previsto del gasto si, además, quiere preservarse el poder adquisitivo de las pensiones actuales y la sostenibilidad financiera del sistema”.

Por ello, asegura que “la reforma deberá contemplar además cómo repartir los costes del ajuste entre generaciones y dentro de cada generación, para seguir proporcionando unas pensiones adecuadas en un contexto de largos periodos de jubilación y cambios en el mercado de trabajo asociados a la nueva revolución tecnológica”.