El Ministerio Público seguirá en todos los casos el criterio de recurrir la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a los condenados en el Tribunal Supremo por sedición, al entender que se está concediendo como si fuera “un tercer grado encubierto” con el fin de “vaciar de contenido” la sentencia que les impuso. El recurso coincide con la salida de Oriol Junqueras de prisión para dar clase en la universidad tras dos años y cuatro meses en la cárcel.

El fiscal explica en su recurso contra la salida de Bassa que la exconsellera está plenamente integrada socialmente y que, por tanto, el objetivo de la sentencia en su caso es que “interiorice el respeto a la ley” tratándose durante su estancia en prisión “las distorsiones cognitivas que influyeron en su comportamiento a fin de rebajar el riesgo de reiteración delictiva”.

“Toda acción delictiva produce unas consecuencias y dichos efectos perjudiciales han de servir para concienciar a la interna de su mal comportamiento social; la pena ha de constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, tendente a prevenir futuros delitos”, defiende el fiscal.

Hasta el momento, son siete los presos condenados por su participación en la organización del referéndum del 1-0 para los que las autoridades penitenciarias catalanas han concedido permisos de salida en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que aunque es de inmediata aplicación, debe ser confirmado por el juez.