En un comunicado, el portal se refirió así a esta sentencia que deja en manos de los jueces españoles determinar si el IRPH hipotecario se comercializó o no con la exigible transparencia, abriendo así la puerta a los consumidores a exigir compensaciones y a una avalancha de litigios.

En este sentido, 'Pisos.com' apuntó que este veredicto “podría costarle a la banca española hasta 30.000 millones de euros, pues hay entre 500.000 y 1,5 millones de personas afectadas que podrían recuperar una media de 20.000 euros”.

“Desde 'Pisos.com' se hace una valoración positiva de la sentencia por el aumento de transparencia y de control del mercado hipotecario que supone en el uso de la segunda referencia más utilizada en el mercado hipotecario español tras el Euríbor”, añade el comunicado.

Asimismo, para el director de estudios del portal, Ferran Font, “tal y como ha indicado el Tribunal, resulta evidente que las cláusulas no sólo han de ser comprensibles en el plano formal y gramatical sino que deben permitir que el consumidor medio pueda comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y poder valorar las consecuencias económicas de las mismas”.

“Ahora la responsabilidad recae sobre la justicia española, que deberá velar por la seguridad del comprador y tratar de prever el comportamiento de los bancos ante sentencias contrarias a sus intereses para evitar estrategias que hagan que lo que el consumidor gana por una parte, lo pierda por otra”, añadió Font, para concluir que “hay que hacer una lectura positiva de que desde Europa se marquen unas bases rigurosas de gestión y control sobre las hipotecas”.

En cuanto al efecto de la sentencia sobre el mercado inmobiliario, Font no prevé “grandes cambios en el número de compraventas o en la firma de contratos hipotecarios”, pues “la mayoría de hipotecas en España se hayan referenciadas al Euribor”.

Sin embargo, señala que “lo que sí podría pasar es que los bancos establezcan nuevas vías de actuación en su plan comercial para contrarrestar el impacto económico que eventualmente podrían sufrir por la devolución de las cantidades reclamadas por los consumidores, lo que podría encarecer las hipotecas en el medio plazo”.