En una pregunta escrita dirigida a la Comisión, Urbán se refirió al caso de una mujer hondureña víctima de violencia de género que acudió a una comisaría en Valencia para denunciarlo en 2019. Una vez en comisaría, no sólo le impidieron denunciar, sino que le incoaron un procedimiento de expulsión por estancia irregular, segun explica Urbán.

Este expediente se archivó, pero según Urbán, supone "un ejemplo de la realidada la que se enfrentan muchas personas extranjeras en España que, si están en situación administrativa irregular, no pueden denunciar la vulneración de sus derechos sin riesgo de ser expulsadas. Es decir, prima el estatus migratorio antes que la protección a las víctimas", lamentó.

"Esto es contrario a normativas nacionales e internacionales, como la ley del Estatuto de la Víctima del Delito o la Directiva 2012/29/UE y su informe de evaluación de 2018, que establece que las víctimas en situación irregular también deben tener acceso a derechos y servicios sin miedo a ser expulsadas", explicó.

Por ello, Urbán pregunta a la Comisión Europea si piensa solicitar al Estado español que "adopte las medidas necesarias para establecer un marco legal para que en ningún caso sean incoados expedientes de expulsión a quienes acudan a interponer algún tipo de denuncia, así como exigir la correcta implementación de la directiva 2012/29/UE".