Así lo señalaron los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, durante la presentación de una iniciativa conjunta por el derecho a la vivienda. Durante la misma, Sordo denunció que “la situación del mercado de la vivienda en España es un factor de precarización de la vida de millones de personas” y que “distorsiona y genera incentivos económicos perversos”, por lo que pidió que la vivienda sea “un servicio público esencial y no un activo financiero”.

“El mercado de la vivienda ha succionado enormes cantidades de recursos de inversión porque ha tenido retornos exagerados”, criticó el líder de CCOO, que indicó la necesidad de que la inversión se canalice a otros sectores estratégicos para posibilitar un cambio productivo y desincentivar “esas rentabilidades excesivas” que proporciona la vivienda como negocio. Para ello, Sordo reclamó al Gobierno que asuma la “batalla ideológica” que planteara la derecha, y que “sea valiente y no se limite a una ley de marco de buena voluntad”, sino que busque todas las vías posibles en caso de que alguna comunidad autónoma se oponga a actuar sobre el precio de la vivienda.

Por su parte, Álvarez destacó la “necesidad de dejar de hablar y empezar a hacer”, ya que, “llevamos mucho tiempo con diagnósticos mientras la situación se agrava”. Además, el secretario general de UGT recordó que “el Gobierno tiene obligación” de dar una respuesta a este “gravísimo problema social” ya que el derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución Española y la carta social europea. Así, aseguró que ambas organizaciones han pedido al Ejecutivo de coalición estar presente en las negociaciones que se lleven a cabo en materia de vivienda.

PAQUETE DE MEDIDAS

Por ello, ambas organizaciones han elaborado un paquete de medidas “coherentes” que actúen tanto en el corto y como el largo plazo para garantizar a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna.

En este sentido, según explicaron la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, y la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, ambas organizaciones proponen limitar el precio de la vivienda de forma inmediata mediante la aplicación de unos indicadores, mientras que se establecen medidas a largo plazo para la creación de un parque público de vivienda para alquiler social que alcance los 100.000 inmuebles en cuatro años.

Entre esas medidas, CCOO y UGT proponen un mayor gravamen sobre viviendas vacías, así como incentivos fiscales para ceder viviendas a ese parque público, desarrollando también mecanismos que den seguridad jurídica a los propietarios. Además, aunque también plantear recurrir a la construcción de vivienda nueva, abogan por comprar viviendas y fomentar la rehabilitación de las ya existentes.

Para financiar estas medidas, los dos principales sindicatos reclaman que la inversión del Estado en política de vivienda se triplique a corto plazo hasta alcanzar un 0,3% del PIB, y que en el largo plazo se incremente hasta lograr el 1%.