El cambio lo ha aprobado su consejo de administración en una reunión mantenida ayer, día 27 de febrero, según desvela la entidad en el Informe financiero correspondientes al año 2019 registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Santander explica que los planes de sucesión “son un elemento clave de buen gobierno, ya que aseguran una transición ordenada del liderazgo y, al mismo tiempo, la continuidad y estabilidad del consejo”, por lo que ha acordado su actualización “con base en la experiencia adquirida en los procesos de sucesión en puestos clave”.

La decisión ya la ha adoptado para los cargos directivos y lo acometerá igualmente para la política de selección, evaluación de idoneidad y sucesión de consejeros, cuya actualización someterá a la aprobación del consejo que celebre en marzo.

El banco explica que ha contado con la ayuda de un asesor independiente “que ha asegurado el cumplimiento de los más altos estándares” y que el objetivo detrás de las modificaciones es “asegurar que identificamos posibles candidatos para cada función que cuenten con el talento necesario en cada caso, y establecer la diversidad como prioridad”, sin vincularlo en ningún momento con el fracasado fichaje de Orcel.

El proceso conllevará un ciclo de actividad anual, con una metodología y calendario bien definidos, y una distribución clara de responsabilidades para garantizar la adecuada involucración de la dirección. Si se trata de una sucesión tendrán en cuenta tanto los potenciales candidatos como el tiempo de preparación que necesitarían, en su caso, el directivo para asumir la función.

El banco ya estableció el pasado año planes de sucesión para 301 cargos del Grupo, frente a 275 en 2018 y 212 en 2017; y de las 31 posiciones “críticas” que quedaron vacantes, el 71% fueron cubiertas con candidatos identificados en el plan de sucesión del año anterior.

Según desvela en el informe, para el 86% de los cargos cubiertos por el plan de sucesión cuenta con, al menos, dos sucesores potencialmente disponibles de inmediato o uno disponible al instante y dos que podrían estarlo en uno o dos años.

Una situación que no se dio cuando se frustró el polémico fichaje del exbanquero de UBS. El banco comunicó en septiembre de 2018 que contrataba a Andrea Orcel para suceder al consejero delegado, José Antonio Álvarez, quien pasaría a presidir la filial española creada con la red nacional del Santander y el Popular.

Su intención era que Álvarez tomase el relevo a Rodrigo Echenique, pero la decisión posterior de no contratar a Orcel por la millonaria suma que reclamaba obligó a deshacer la estrategia: Echenique alargó su presidencia del nuevo Santander España y Álvarez ha continuado como ‘número dos’ del grupo.

El fichaje frustrado se encuentra actualmente en los tribunales ya que Orcel demandó al Santander y reclama una compensación de 112 millones de euros. El banco subraya en su informe anual que su nombramiento lo anunció sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de evaluación de idoneidad, a la adopción por parte de la Junta de accionistas de los acuerdos oportunos en relación con su futura remuneración y a la terminación de la vinculación contractual que le ligaba a su anterior empleador (UBS).

En enero de 2019, sin embargo, se tuerce la decisión y comunicó al banquero de inversión que no sería contratado “como consecuencia de la modificación de las bases sobre las cuales se había adoptado esa decisión y de que los costes de compensar al Sr. Orcel por sus remuneraciones pasadas excedían los esperados al acordar su nombramiento”.

Según el informe, el Santander pudo echarse atrás, al cambiar el coste de su fichaje, gracias a que el contrato que cualquier consejero ejecutivo debe suscribir en relación con los servicios a prestar según exige la ley de Sociedades de Capital, “no había sido firmado ni aprobado por el consejo, ni incorporado a la correspondiente acta, tal y como resulta exigible”.

“Dicho contrato nunca se aprobó o firmó y el nombramiento no fue sometido a la junta general de accionistas”, añade el banco, desmintiendo la tesis expuesta por Orcel ante los tribunales de que contaba con un documento acreditativo de su contratación.

Tras su ruptura y con Orcel ya fuera de UBS, el banquero denunció al banco y el Santander sacó una nota explicativa frente a sus argumentos donde desveló que pidió más dinero. Reclamó al banco tres millones extras y se opuso a que computasen los 13,7 millones recibidos por UBS como parte de la compensación.