Así lo indicó en un comunicado en el que responde al proyecto de ley del Govern de Cataluña, que acompaña a los presupuestos, sobre el que se pueden presentar enmiendas hasta el próximo martes.

Para la patronal tecnológica, “la nueva figura recaudatoria resulta innecesaria para una actividad no contaminante y que no genera daño medioambiental, como es el de las comunicaciones”. En este sentido, su directora general, Alicia Richart, señaló que “la instalación de redes o la actividad que implica no genera daño medioambiental” y que “la exigencia de este impuesto condicionado al impacto visual de las redes resulta contradictoria con los objetivos públicos de despliegue y desarrollo de la sociedad digital”.

Asimismo, la patronal considera que “un impuesto de nueva creación genera inseguridad jurídica e incrementa la incertidumbre, provocando desconfianza sobre la conveniencia de realizar inversiones en el futuro”. Así, para Richart, “el aumento de la presión fiscal sobre un sector hipergravado es una de las mayores amenazas para el desarrollo digital del mercado y compromete el nivel de desarrollo tecnológico necesario para hacer a las empresas catalanas más competitivas”.

En este escenario, DigitalES señala que este nuevo impuesto “supondrá una reducción de las inversiones equivalente al impacto del impuesto, tanto en el despliegue de fibra óptica como de tecnología móvil 5G, debilitando la posición de esta comunidad autónoma respecto a otras” y advierte que “repercutirá en el precio de venta de los productos y servicios y en posibles ajustes en los costes laborales”.