El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomó declaración este miércoles en calidad de investigado a Calvo-Sotelo, que estuvo en el cargo a las órdenes de José Manuel Soria como ministro de Industria. En esta causa se investigan adjudicaciones millonarias al Grupo Zed que, según la Fiscalía Anticorrupción, se habrían otorgado "de forma fraudulenta".

Calvo-Sotelo reconoció a preguntas de la Fiscalía que el exministro pidió datos sobre el estado de las evaluaciones de Zed a fin de decidir sobre las ayudas públicas, que están bajo sospecha. El exsecretario de Estado ha negado que hubiera trato de favor con la tecnológica, pero admitió sus proyectos fueron los únicos sobre los que el ministro le preguntó a través de un e-mail personal, evitando así el uso del correo corporativo de Industria.

Calvo-Sotelo ha tenido que responder sobre los contratos que el Gobierno adjudicó entre 2012 y 2016 al Grupo que dirigía como consejero delegado Javier Pérez-Dolset. Anticorrupción cree que él y su entorno familiar manipuló las cuentas y los requisitos de la empresa para obtener subvenciones fraudulentas de Industria.

Pérez-Dolset fue detenido en junio de 2017 por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.

El ministerio público entiende que para la obtención de estas subvenciones, Pérez- Dolset pudo valerse “de un sistema de influencias” para remover los obstáculos que las administraciones pudieran ponerle a la obtención de ayudas.

Esas sospechas se basan en dos secuencias de correos electrónicos, datados en agosto de 2012 y octubre de 2014. En el momento de producirse esos contactos, Zed había presentado varios proyectos para los que solicitaba ayudas públicas. De ellos, tres contaban con calificación negativa, dos positiva y otros tres estaban pendientes. De ellos, al final del proceso sólo uno de los proyectos tenía una calificación negativa.

En los correos de 2012, la directora del gabinete del ministro, María Rodríguez de la Rua, se dirige a Calvo-Sotelo para transmitirle un informe que le habían pasado a Soria sobre Zed para que lo valore.

Más adelante, Calvo-Sotelo mandó un e-mail a Soria en el que describía al grupo Zed como "importante, innovador y cumplidor de sus compromisos" y afirmando que por los datos que tenía habían “ejecutado bien los proyectos numerosos que se les han adjudicado en los últimos años”.

La Fiscalía quiere aclarar si, como cree, la persona sobre la que pivotaba la decisión de conceder las subvenciones era Calvo-Sotelo y si éste tomó algún acuerdo después de haber recibido indicaciones de algún superior pese a que “en un primer momento se afirmase que esos expedientes se iban a denegar, posteriormente resolvió conceder las subvenciones y préstamos correspondientes”.

En la declaración de este miércoles, el fiscal ha destacado que los correos electrónicos que se intercambió con el ministro no se transmitieron desde la cuenta oficial de Soria en el Ministerio de Industria, sino desde de una cuenta personal del ministro de Gmail. Preguntado por si eso era frecuente, el imputado aseguró que no era inusual y a veces ocurría.

El secretario de Estado, insistió en que él no gestionaba directamente las subvenciones. Finalmente las ayudas para el `proyecto Ariadna´ no se concedieron a Zed. El ministro pidió explicaciones a Calvo-Sotelo quien se justificó asegurando que Antonio Alcolea, encargado de calificar los proyectos, “se ha cerrado y ha sido imposible rescatarlo”.

En un correo de 14 de octubre de 2014, un viernes a las 22.05 de la noche, Soria se interesa por la empresa Zed y la Convocatoria de Grandes Proyectos, a la que en esa ocasión se presentaron únicamente media docena de empresas. El ministro sólo se interesó por Zed, aunque, según ha declarado Calvo-Sotelo, acabó consiguiendo que el titular de Industria visitara un centro de la marca tecnológia Hp, que también concurría a la convocatoria con proyectos propios.

El juez García Castellón también había citado como testigos a María Ángeles Barragán, que iba a declarar por videoconferencia y cuyo testimonio no se ha producido por problemas técnicos. También ha prestado declaración José Ángel Alonso.

Las declaraciones de este miércoles acercan cada vez más la posibilidad de que el que fuera ministro de Industria bajo la presidencia de José Mará Aznar sea llamado a declarar en esta causa o que pueda ser imputado, aunque por el momento el juez ha considerado que no existen indicios suficientes de delito.

Anticorrupción cifra en “más de 100 millones de euros” el perjuicio patrimonial que pudo generar el fraude de subvenciones, que terminó llevando al grupo empresarial a concurso de acreedores.