Casanova estaba citada como testigo, pero su declaración se ha interrumpido en el momento en que el Ministerio Público ha informado de su intención de pedir la imputación al figurar como administradora única de una sociedad implicada en las prácticas irregulares que se investigan.

La titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, asumió en junio de 2019 la instrucción de este caso investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción. Dentro de la causa se investiga a altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos por el supuesto saqueo de la empresa pública de petróleos de Venezuela, PDVSA, y el desvío de esos fondos a otros países, en un puesto destacado España, donde se blanquearon con la compra de bienes inmuebles y propiedades.

La investigación de este caso la inició el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, hasta que en junio del pasado año la asumió la Audiencia Nacional, pero desde entonces el magistrado Juan Carlos Peinado no ha enviado la totalidad del sumario de la causa que obra en su poder, lo que está obstaculizando el avance de la investigación y haciendo peligrar por nulidad algunas actuaciones.

La causa tiene su origen en una denuncia interpuesta hace más de dos años en la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntos delitos de soborno a funcionarios venezolanos, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda pública.

La exresponsable de Recursos Humanos es compañera sentimental del exviceministro venezolano de Desarrollo Energético Alvarado Ochoa, que está imputado en esta causa. Según fuentes jurídicas, su nombre aparece como cabeza visible de la sociedad Cocuiza que, sin tener una actividad real reconocida, abordó una ampliación de capital de casi 800.000 euros tan sólo dos meses después de su constitución.

La legislación española establece que los testigos tienen obligación de decir la verdad de los hechos de los que tienen conocimiento, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando hay una relación de parentesco o personal con el investigado, el testigo no está obligado a declarar en su contra. Ahora, la Fiscalía deberá remitir un escrito a la jueza, solicitando la imputación de la Casanova.

Este miércoles también estaba citado como investigado el presidente y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, que había comunicado previamente a la magistrada su intención de no acudir a declarar dado que pesa sobre él una orden de búsqueda de EEUU y que no quiere ser entregado. Con todo, el magnate que reside en Venezuela se ha ofrecido a prestar declaración por videoconferencia. Será la magistrada la que decida tras consultar con las partes.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gorrín sería autor de nueve delitos de blanqueo por haber pagado supuestamente millones de dólares en sobornos a dos altos cargos venezolanos para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el Gobierno venezolano.

El último en estar citado esta mañana ha sido el empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo. En principio se solicitó su comparecencia para nombrar una administración judicial de la finca La Losilla en Villarejo de Salvanés (Madrid), pero finalmente la jueza Tardón ha acordado devolverse las competencias de administración de esta propiedad.

El dinero obtenido de manera ilegal habría sido blanqueado en parte en España. En esta causa están imputados una veintena de personas, entre ellos dos exviceministros venezolanos, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, y el exjefe de seguridad de PDVSA Rafael Reiter.