Marlaska respondió así a una pregunta de la diputada del Grupo Republicano María Carvalho durante la sesión de control al Gobierno, referida a la postura del Ejecutivo respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Según el ministro, "las expulsiones (de inmigrantes irregulares) que se producen en España están sujetas a expedientes no sólo administrativos, sino también judicializados, y siempre controlados por las autoridades". “En este país se lleva a cabo un acatamiento expreso y estricto de los derechos humanos y las libertades fundamentales", recalcó.

De este modo, defendió también el mantenimiento de los CIE, tras destacar que "el Defensor del Pueblo y los jueces habían fijado su atención" en estos centros, "pero no por su existencia, sino por la forma en que se gestionan". "Estamos trabajando para mejorarla", y rechazó que se trate de "un lavado de cara", como sostuvo la diputada Carvalho.

Según esta última, los CIE "son cárceles administrativas que deben cerrarse", desde donde se producen "devoluciones exprés", "sin asistencia letrada" y sin que "los afectados puedan comunicarse con familiares y amigos".

Además, las detenciones se producen "muchas veces por llamadas para que (los migrantes) acudan a comisaría por un asunto de su interés o mediante batidas selectivas, por perfiles raciales o étnicos", concluyó.