Ribera indicó en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado popular Joaquín García, que el Gobierno quiere "generar certidumbre y seguridad" a los españoles y cambiará la Ley de Costas, de 2013, y su reglamento, de 2014, normas aprobadas con el PP en el Ejecutivo y que calificó de "inconstitucional" e "ilegal", respectivamente.

Subrayó que hay un "desafuero" respecto de ambas normas por los "impactos del cambio climático" en el litoral y añadió que el Gobierno intenta que los ciudadanos "no se sientan engañados y confusos", algo que reprochó a García por generar "un miedo en las conserveras que no tienen ningún tipo de problema con respecto a la aplicación de la Ley de Costas".

Pocos minutos antes, García resumió el trabajo de Ribera en materia de costas en "incertidumbre y nada de diálogo", y la acusó de generar primero una "guerra a las térmicas, después al diésel, que también afecta a los agricultores, y ahora la amenaza a conserveras, piscifactorías y granjas marinas, todo un sector vinculado a la primera potencia europea pesquera, que es España, y a la segunda potencia mundial conservera, que es España".

"En los últimos meses, ustedes están amenazando la viabilidad de muchas empresas obligándolas a trasladarse de la costa a kilómetros al interior o renovando concesiones por plazos ridículos, por plazos de menos de menos de un año. Eso es imposible de sostener", apuntó.

García aseguró que, con la reforma de la Ley de Costas y de su reglamento, "sólo en Galicia más de 100 empresas se van a ver afectadas por esas medidas y más de 5.000 edificaciones tendrán que dejar de existir".

"Entiendo que estamos en campaña y esto hace que forcemos los argumentos en algunos casos más allá de la realidad llegando hasta la mentira. No hay empresas amenazadas. La gran amenaza es fruto de un desafuero en el cambio de la normativa de la Ley de Costas. Nosotros respetamos la Constitución, no solamente el artículo 155, sino también la existencia de un dominio público marítimo terrestre que las olas, por lo demás, se encargan de deslindar", respondió Ribera.

TRES DIRECCIONES

La ministra comentó que su departamento trabaja en tres direcciones. Una, junto con el servicio jurídico del Estado, para tener unas directrices comunes sobre cómo aplicar la normativa de costas impulsada por el PP porque "quedó en un marasmo de confusión tras sus leyes fallidas". "Eso nos permite aplicar el mismo criterio a todo el mundo y no en función de que nos caigan mejor o peor unos y otros", dijo.

La segunda se refiere a "siempre interpretar en favor de los españoles, de los gallegos también, no generando confusión y engañando, pero también permitiendo que tengan una lectura positiva en la prórroga de las concesiones que quedan vigentes". Ribera reveló que alguna empresa conservera le ha solicitado una prórroga de la concesión de su actividad en el tiempo máximo permitido.

"Y la tercera es tratar de modificar el reglamento y la Ley de Costas para devolver lo que siempre debió ser, la protección del litoral con arreglo a una realidad física de la que no podemos escapar sin confundir a los españoles", concluyó.