Así lo declaró Vieyra en un acto informativo organizado por Entreculturas sobre los flujos migratorios a través de Marruecos y México celebrado este martes en Madrid. En su opinión, el fallo resulta "muy doloroso, tanto para los demandantes como para la sociedad en general", pero "es un error pensar que está legitimando devoluciones sumarias".

"Encontramos elementos doctrinales muy interesantes en esta sentencia", prosiguió, como la deslegitimación del concepto 'operativo en frontera que recoge la normativa española y el reconocimiento de que los migrantes "estaban en territorio español", por lo que se les debe aplicar el ordenamiento jurídico nacional y comunitario que "establece unas garantías mínimas" en todo el proceso de repatriación (identificación individual de la persons, oportunidad de solicitar protección internacional, conocimiento de las circunstancias particulares, asistencia letrada y oportunidad de recurrir).

Sin embargo, "sí nos parece muy preocupante" que la sentencia considere que los demandantes no probaron "la imposibilidad de acceder a la Oficina de Atención al Refugiado en la frontera o de pedir asilo en las embajadas o consulados de España en terceros países", dijo.

En SJM "tenemos comprobado cómo los subsaharianos nunca han podido llegar la oficina", prosiguió, ya que la afirmó que policía marroquí se lo impide. Asimismo, afirmó que tampoco pueden solicitar asilo en las embajadas, ya que la Ley de Asilo carece desarrollo reglamentario para arbitrar este procedimiento. Por ello, reclamó la aprobación del citado reglamento y la derogación de la conocida como 'ley mordaza'.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Por otro lado, la abogada denunció las devoluciones sumarias de menores no acompañados a Marruecos, algo que dijo es contrario a toda la legislación española. "Lo hemos denunciado repetidas veces pero resulta difícil iniciar un proceso judicial, ya que los afectados se hallan en situaciones muy precarias en Marruecos".

Para Cristina Manzanedo, responsable de Migraciones de Entreculturas, "la gestión de la frontera debe ser compatible con el respeto a los derechos humanos. Hay alternativas posibles para conjugar el legítimo derecho de los Estados a controlar sus fronteras con el respeto a los derechos humanos".