Así lo afirmó María Vieyra, abogada de Derechos Humanos del Servicio Jesuita a Migrantes, durante un desayuno sobre los respectivos flujos migratorios a través de México y Maruecos hacia EEUU y la Unión Europea organizado por Entreculturas.

Según Vieyra, "esta semana hemos conocido dos casos de menores separados de sus familias". "En los dos, (los parientes) aportaban partidas de nacimiento o certificados de familia que "acreditaban la filiación", aseguró.

Sin embargo, los niños fueron enviados a un centro de protección de menores y sus padres, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Este es un proceso que "hemos visto más veces", indicó Cristina Manzanedo, Responsable de Migraciones de entreculturas.

"No podéis imaginar el dolor de una madre que ha sido separada de su hijo de cuatro años nada más llegar a un país extranjero, del que desconoce su lengua y sus costumbres", resaltó.

Las familias deben esperar a que se resuelvan las pruebas de ADN, que pueden tardar hasta un mes, y mientras tanto se les concede un régimen de visitas, que, a veces, se demora varios días hasta hacerse efectivo.

En su opinión, "hay una forma más sencilla y humana de solucionar todo esto, como puede ser la concesión de la guarda de los menores a los padres hasta que llegan las pruebas genéticas. Vieyra explicó que el servicio jesuita a migrantes ha intercedido ante la fiscalía en varias ocasiones para agilizar este proceso, pero en los últimos tiempos se aprecia "un repunte" en este tipo de casos.

Para Manzanedo, gestionar las fronteras y el respeto a los derechos humanos debe ser "compatible", y con "voluntad política sí es posible". "Detrás de las políticas hay personas, recursos, presupuestos y la voluntad de dictar (o no) instrucciones y protocolos que hagan el proceso mucho más humano", subrayó.