Según informó la Guardia Civil, de momento son cinco las personas investigadas y varias decenas prestan declaración. Como consecuencia de la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.

En la operación Lanigan, coordinada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de Europol, se han llevado a cabo distintas actuaciones en Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, para obtener pruebas de delitos fiscales y blanqueo de capitales.

El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada autorizaron registros en domicilios y sedes de empresas, así como medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.

La Guardia Civil descubrió que en 2017 que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas viviendas de lujo en el término municipal de Calviá (Mallorca), utilizando para ello un “complicado entramado societario” para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.

Los agentes corroboraron que estos agentes formaban parte de una organización criminal que controlaba diversos equipos de fútbol en Serbia, Chipre y Bélgica, llevando a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo constancia gracias a los documentos desvelados por distintos medios de comunicación (‘Football Leaks’), y con los que obtenían “grandes beneficios” destinados a su enriquecimiento.

Todo ello pudiendo causas “grandes perjuicios” a los equipos de fútbol y al erario público de los países implicados por la evasión de impuestos. En el periodo en el que se centra la operación, los dos agentes de futbolistas habrían introducido en España una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.

En la introducción del dinero en España ha jugado un “papel fundamental” un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior llegada a suelo español del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal, para evitar el pago de impuestos.