En su primera comparecencia de esta legislatura en Comisión para explicar los planes generales de su departamento, el ministro confirmó que el Consejo abordará hoy esta reforma que pretende “responder a la demanda” de "precios justos" que ha llevado a la calle a los productores agrícolas y ganaderos a través de unas "movilizaciones legítimas".

El decreto establecerá que cada operador de la cadena estará obligado a pagar al anterior un precio igual o superior a lo que le cuesta producir y habrá que incluir los costes de la producción en el precio que se recoja en los contratos.

El texto no permitirá que se hagan actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos y exigirá que se identifique sin equívocos el precio en la publicidad de los productos.

El Gobierno también tiene previsto estudiar mañana ventajas fiscales para los jóvenes agricultores, de manera que puedan pagar en cuatro años, y no en uno como ahora, el gravamen por las ayudas de la PAC.

El Ejecutivo también tiene decidida otra medida en favor del campo, que es reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias en Extremadura y Andalucía para poder recibir subsidios agrarios.