La cita, organizada por la Alianza científico-profesional Estado de Bienestar en el espacio ‘La Nave’ en Madrid, plantea una reflexión sobre los diez retos que habría que afrontar antes de 2030 para impulsar el diálogo civil y político para la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones.

En una de las mesas del encuentro, moderada por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, se abordó la reforma del modelo estructural del Estado del Bienestar. En ella, la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Ana López-Casero, propuso alcanzar “un nuevo contrato social más real y con más compromiso” y cambiar “la óptica” para “ver el Estado de Bienestar no como un gasto sino como una inversión”.

“No podemos hablar de Estado del bienestar si no hay un progreso económico. Por tanto, es muy importante que la sociedad civil transmita a los políticos que desarrollen políticas de impulso económico y de emprendimiento. Probablemente hay que gastar más, pero sobre todo, hay que gastar mejor”, indicó.

López Casero invitó para lograrlo a “aprovechar la red de farmacias, un recurso sanitario y social que se debe potenciar” y que cuenta con 54.000 farmacéuticos y 22.000 farmacias. “La red de farmacias es uno de los recursos más infrautilizados”, denunció, poniendo de ejemplo que el seguimiento de enfermos crónicos con el apoyo de las farmacias ahorraría mucho dinero público.

La presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional, Marta Pérez de Heredia, llamó a “que se contemple la figura del terapeuta ocupacional en la cartera de servicios de la seguridad social de todas las comunidades autónomas”. Desde su planteamiento, esta medida evitaría ingresos hospitalarios y ayudaría a mejorar la autonomía de los pacientes, como se ha demostrado en Andalucía, la única comunidad autónoma donde sí está implantada la figura.

Así, propuso actuar frente a las “medidas proteccionistas actuales”, alertó que en 2052 sólo habrá una persona trabajando por cada persona inactiva y que “vamos a vivir más años, pero en peores condiciones”.

La directora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, María Gálvez, reflexionó sobre las necesidades existentes para construir un nuevo Estado del bienestar, por lo que propuso a los políticos que dejen de ser “cortoplacistas” y planteen soluciones más allá de lo que duran las legislaturas. Asimismo, reclamó un sistema público de bienestar “que no deje a nadie atrás” y teniendo en cuenta que “la pobreza se hereda” y que “impacta mucho más” cuando tenemos una enfermedad.

Durante su intervención, también subrayó que a la hora de diseñar políticas sociales hay que tener en cuenta las situaciones de soledad de las personas, donde la sociedad civil, dijo, “sí que tiene mucho que hacer”. Además, pidió políticas “transversales”, con presupuesto y centradas en la persona.

Agustina Sangüesa, de la Coordinadora de red de periodistas rurales, aplaudió la posibilidad de crear sinergias para afrontar “el siglo de la crisis” a partir del diálogo como “mejor punto de partida” en un contexto en el que los partidos políticos están “enrocados en posiciones irreconciliables”.

Pidió pactos de Estado “en cuestiones clave” como la educación, la ciencia, el empleo y las pensiones, pero también “por el medio rural, un pacto integeneracional y un pacto por la sostenibilidad” y recalcó que es crucial que la agenda civil “entre en La Moncloa”. “Que el Gobierno llame a consulta a un consejo de la sociedad civil” y que, “además de declarar la emergencia climática se declare la emergencia rural, todos somos rural, porque todos queremos vivir en un mundo sostenible”, dijo.

“Estamos en un momento de crisis de modelo en el que habría que definir el Estado de Bienestar, pero también está en cuestión el sistema capitalista actual, provocando situaciones que nos llevan a la desesperanza”, dijo Ángela Baldellou, de la Coordinadora Observatorio 2030 de la Sociedad Civil por el Debate, que también participó en la mesa sobre la mejora del modelo de Estado del bienestar.

“Nos encontramos en medio de muchas crisis”, alertó, en referencia a las crisis de recursos fósiles, de agua y el aumento demográfico “brutal” que se está dando en ciertas zonas del planeta, entre otras.

Baldellou subrayó que hay que promocionar un “manifiesto de sostenibilidad institucional” y de incluir la vivienda como uno de los pilares del Estado de Bienestar, además de la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones. El acceso a una vivienda digna “es un derecho fundamental” y “uno de los grandísimos retos”, indicó.

Cerró las intervenciones Cristina Rodríguez-Porrero, de Unión Democrática de Pensionistas de España, que llamó a “no caer en la trampa del enfrentamiento”, entre “la economía y el Estado de Bienestar”, “las personas mayores y los jóvenes” en el debate sobre el Estado del bienestar.

“La familia y las mujeres somos as víctimas de las insuficiencias del Estado del bienestar, también quienes tienen menos dinero. Es una enorme injusticia. La riqueza de un país no se mide por el PIB, también por las injusticias”, protestó, pidiendo “decisiones políticas inteligentes”.