Así lo expresaron a través de un comunicado emitido con motivo del Día Europeo de las Víctimas de Delitos, que se celebra este sábado, en el que ambas ambas entidades especializadas en atención a víctimas de trata se sumaron a la campaña europea #onevoiceonecause, liderada por la organización Victim Support Europe con el fin de “visibilizar” la situación y las necesidades de las víctimas y “exigir” que se cumplan sus derechos.

A este respecto, recordaron que la Directiva sobre Derechos de las Víctimas que entró en vigor en noviembre de 2015, establece los derechos que asisten a cualquier persona que haya sufrido un delito para que sea “reconocida y tratada de manera respetuosa, profesional y no discriminatoria” con el objetivo “principal” de evitar que las víctimas de delitos sufran “daños adicionales” de “revictimización” durante los procesos penales.

Por esta razón, las organizaciones europeas que trabajan en este ámbito se han fijado como objetivo que la implementación de la directiva sea una “prioridad”, que las víctimas pueden ejercer sus derechos “de forma efectiva” y que los países garanticen el acceso de todas las víctimas en Europa a información y servicios de apoyo, “independientemente de su lugar de residencia o de dónde haya ocurrido el delito”, según puntualizó la coordinadora de Sensibilización e Incidencia de Proyecto Esperanza Adoratrices, Marta González.

En la misma línea, la coordinadora del Área de Relaciones Institucionales e Incidencia de Sicar cat, Rosa María Cendón, reiteró la importancia de colocar la protección de todos los derechos humanos “en el centro” de las medidas adoptadas para “prevenir y poner fin” a la trata e incidió en la necesidad de que España garantice a todas las víctimas de trata, “con independencia del sector en el que hayan sido explotadas”, el acceso “efectivo” a los derechos establecidos en la legislación de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea.

En concreto recordó su derecho a ser identificadas por las autoridades, “en base a indicios o motivos razonables, sin condicionar la identificación a la denuncia” así como a recibir información, protección y apoyo “de forma inmediata y no condicionada a su colaboración con las autoridades” para favorecer su recuperación integral y a recibir asistencia jurídica gratuita y a participar en los procesos judiciales.

Por otro lado, subrayó su derecho a un período de restablecimiento y reflexión de 90 días, prorrogable en caso necesario para “tomar distancia de los tratantes y valorar su colaboración con las autoridades en la persecución del delito” y a solicitar un permiso de residencia y trabajo en el caso de las víctimas de trata procedentes de terceros países.

Tambien, a que no se les impongan ni penas, ni sanciones por delitos que los tratantes les hayan obligado a cometer y el derecho a la reparación de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido, incluido el derecho a compensación, garantizando su acceso a vías de recurso “efectivas y apropiadas”.

La trata atenta contra derechos universales como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad; a la libertad de movimiento; a no ser sometido a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según ambas entidades, que instaron a impulsar un enfoque integral, de derechos humanos y de género, que garantice un "plus de protección" para aquellas formas de trata que suponen, además, una forma de violencia contra la mujer.

Finalmente, las dos organizaciones señalaron que también es trata la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados y la servidumbre o mendicidad forzada; la explotación sexual; la explotación para criminalidad forzada; los matrimonios forzados y la extracción de órganos corporales.

A su juicio, los Estados deben actuar “con diligencia” para prevenir la trata y, si no la han podido evitar, son responsables de “identificar; proteger; reparar y compensar” a las víctimas, así como de castigar a los culpables “para que sus actos no queden impunes”.