Por este motivo, la organización lanzó hoy una campaña para que todos los países que acogen a la diáspora de Sinkiang (provincia con movimientos separatistas) "adopten medidas para proteger a estas personas de la intimidación de las embajadas y agentes chinos" y pongan fin a las devoluciones a China.

Con esta acción, AI intentó demostrar cómo China hostiga "de forma sistemática" a la comunidad uigur y a otros grupos étnicos musulmanes incluso después de que hayan abandonado el país". "Los estudios, publicados hoy on line, revelan cómo China utiliza sus embajadas en el extranjero y recurre a aplicaciones de mensajería y a llamadas telefónicas amenazadoras para presionar a las personas de origen musulmán procedentes de Sinkiang emigradas a otros países", señaló.

Por lo visto, también presiona a otros gobiernos para que identifiquen a dichas personas y las devuelvan a China.

Entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, Amnistía recopiló información de unas 400 personas uigures, kazajas, uzbekas y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes que viven en 22 países diferentes en los cinco continentes, cuyas historias revelan el acoso y el miedo diario que sufren estas comunidades.

Varias personas uigures entrevistadas explicaron que las autoridades locales en Sinkiang amenazan a sus familiares en China para reprimir las actividades de la diáspora. Otras dijeron que las autoridades chinas utilizan aplicaciones de mensajería en las redes sociales para seguirlas, contactarlas e intimidarlas.

Según AI, los testimonios prueban el alcance global de la campaña china contra personas de etnia uigur, kazaja y otros grupos originarios de Sinkiang, y cómo las embajadas y consulados chinos recopilan información sobre estos grupos étnicos establecidos en otros países.

Desde 2017, "China ha llevado a cabo una campaña sin precedentes de detenciones masivas de personas uigures, kazajas, uzbekas y de otros grupos étnicos en Sinkiang", denunció. Se calcula que un millón o más de personas han sido internadas en centros de “transformación mediante la educación” o de “formación profesional”, donde han soportado todo tipo de violaciones de sus derechos humanos.

Esta misma semana, se filtró a varios medios de comunicación extranjeros un documento del gobierno chino de 137 páginas que incluía los datos personales de residentes de Sinkiang -sus hábitos religiosos y relaciones personales entre ellos- como medio para determinar si debían ser internados en campos de “reeducación”. Según Patrick Poon, investigador de Amnistía, "los datos filtrados confirman los indicios de abusos documentados previamente por nuestra organización".

“A pesar de que China continúa negando la existencia de campos de internamiento, cada vez hay más indicios de que las personas devueltas a Sinkiang corren un peligro real de ser enviadas a dichos campos", concluyó.